Ante el aumento de jóvenes que son usados por el crimen organizado en su adolescencia para delinquir, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz ha propuesto al Congreso de esa entidad reducir la edad penal de 18 a 16 años y castigarles por delitos graves como adultos.

 

Lo mismo se ha propuesto en estados como Jalisco, Nuevo León, Campeche, Coahuila, Chihuahua o en el Distrito Federal, pero eso no es posible.

 

Hasta antes de que entraran en vigor las reformas para implementar un sistema de justicia integral para adolescentes publicadas el 12 de diciembre de 2005, los estados de la República estaban en libertad de legislar respecto de la edad mínima penal ya que la Constitución Federal era omisa al respecto. Así, 14 estados de la República establecieron en algún momento que la edad mínima penal era de 16 años.

 

Una vez que las reformas al artículo 18 constitucional antes citadas entraron en vigor en marzo de 2006, se estableció y unificó la edad mínima penal en 18 años al instituirse un sistema integral de justicia aplicable a los jóvenes, entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad “a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales”.

 

Asimismo, este artículo indica que las personas menores de doce años “que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social”.

 

Además, el artículo 18 constitucional señala que la cárcel o internamiento “se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves”

 

Por otra parte, México es firmante de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años. La Convención señala la obligación de todos los Estados parte de aplicar ésta a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, protegiendo de injerencias arbitrarias o discriminación, mediante la ley, a todos los niños.

 

También se especifica que la privación de la libertad debe ser un último recurso y durante el periodo más breve que proceda y considerarse otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.

 

Así, una reducción en cualquier entidad de la República de la edad mínima penal o de los parámetros que establece la Constitución federal para el tratamiento de los adolescentes sería inconstitucional.

 

En realidad, el problema de la legislación que regula la justicia para adolescentes en los distintos estados de la República es que son pocos los que atienden al principio de proporcionalidad con la infracción o conducta realizada, por lo que la pena máxima aplicable por un delito grave a un adolescente varía en el país de los tres a los diez años, dependiendo de la entidad en la que se cometa el delito.

 

El segundo problema, es que la sanción por inducir o utilizar a menores para delinquir, tampoco es proporcional al daño que se está provocando al menor.

 

Estos son los temas a los que se deberían abocar los congresos locales, y no abordar una discusión que de antemano saben que es vacía.

 

 

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