El pasado miércoles las comisiones unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, lo cual ha provocado un gran descontento por parte de la Asamblea Legislativa, el gobierno del Distrito Federal y organizaciones no gubernamentales.

 

El consenso en contra de esta iniciativa de ley es que excede el ámbito de competencia de la Cámara de Diputados y que atenta contra la soberanía del Distrito Federal, además de que violenta el derecho humano a la libre manifestación de las ideas.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado en múltiples ocasiones que los derechos humanos no son absolutos y que estos admiten límites.

 

Asimismo en una tesis aislada ha establecido que  para considerar válidas estas restricciones es necesario: a) que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias, que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales).

 

Así que si esta ley supera la revisión a que se refiere la Suprema Corte, la misma podría considerarse constitucional.

 

Respecto a la función legislativa del Congreso de la Unión sobre el Distrito Federal, la Suprema Corte ha señalado que el artículo 122 de la Constitución establece un sistema de distribución de competencias tanto para la Asamblea Legislativa como para el Congreso de la Unión determinando que al Congreso de la Unión le corresponde legislar en todas las materias que no estén expresamente conferidas a la Asamblea.

 

Las facultades de la Asamblea Legislativa se enumeran en la fracción V de la Base Primera del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Apartado A, fracción I de este ordenamiento establece que corresponde al Congreso legislar en lo relativo al Distrito Federal, exceptuando  las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa.

 

En este orden de ideas el Congreso de la Unión está facultado para legislar sobre las manifestaciones en el Distrito Federal.

 

El asunto se ha prestado a mucha controversia y eso que aun no es presentado al Pleno, pero el hecho es que en la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México ya existe un hartazgo por los constantes bloqueos y manifestaciones por lo que se hace necesario que alguno de los dos poderes legislativos aborde el tema.

 

 

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