El pasado martes se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, que tiene  como objetivo fundamental perseguir la piratería en Internet.

 

La iniciativa considera que ante los cambios tecnológicos las leyes han quedado obsoletas por lo que necesariamente deben ser ajustadas a las nuevas realidades, especialmente cuando las infracciones a derechos de autor se cometen a través de sitios de Internet.

 

Según la exposición de motivos, con esta iniciativa se pretende que el titular de derechos  siga teniendo la libertad de decidir sobre la manera y condiciones en que se disponga de su obra.

 

La iniciativa propone que  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sea quien ordene y ejecute las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de autor y derechos conexos en materia de comercio, que serán consideradas como infracciones cometidas a través de una red pública de telecomunicaciones”.

 

Estas infracciones  incluyen la reproducción, la comunicación pública o la transmisión, sin la autorización del titular, de obras literarias o artísticas, fonogramas, videogramas, interpretaciones o ejecuciones, señales de organismos de radiodifusión o ediciones,.

 

El proyecto propone facultar al IMPI para ordenar a los proveedores de servicios de acceso a Internet la suspensión del acceso a sitios que pongan a disposición del público, distribuyan, o faciliten la reproducción no autorizada de obras, producciones o transmisiones o comercialicen productos, sin la debida autorización de los titulares de los derechos correspondientes.

 

Por otra parte, una vez que se detecta una violación a derechos de autor en la red, el titular podrá optar por dos trámites distintos sin que necesariamente se deba agotar el primero para optar por el segundo.

 

El primer paso es solicitar al IMPI que emita un  aviso preventivo al usuario, por “la posible comisión de actos constitutivos de infracción” a derechos de autor en Internet.

 

Para realizar el aviso preventivo, el IMPI ordenará al proveedor de servicios proporcione “la dirección IP o cualquier otro elemento que identifique la cuenta del presunto infractor”. La propuesta define al proveedor de servicios como “la persona que proporcione un servicio de conexión, hospedaje o motor de búsqueda a través de una red pública de telecomunicaciones”.

 

La iniciativa no establece los medios en que se puede presentar este aviso preventivo, el contenido del mismo o las consecuencias en caso de que se ignore el mismo.

 

Asimismo, la propuesta ignora en general los criterios que existen a nivel internacional que claramente establecen que la dirección IP no necesariamente  identifica a personas ya que “el infractor puede ser el titular de la IP, alguien en casa del supuesto infractor, un visitante, un vecino, o alguien estacionado en la calle”.

 

El segundo procedimiento es la declaración administrativa de infracción en materia de derecho patrimonial de autor o derecho conexo cometidas a través de una red pública de telecomunicaciones.

 

En la declaración administrativa el solicitante intenta obtener la certificación del IMPI de que se están violando derechos de autor. En estos casos el solicitante deberá proporcionar “la dirección IP del presunto infractor,  la URL o la dirección IP asociada al servidor mediante la cual se hospeda o se pone a disposición la obra”.

 

Asimismo, al presunto infractor se le otorga un plazo de diez días para manifestar ante el Instituto lo que a su derecho convenga.

 

En este caso el titular de derechos de autor podrá solicitar al IMPI que se establezcan  medidas provisionales como es ordenar al presunto infractor y en su caso al proveedor de servicios el cese de la reproducción, la comunicación pública y la transmisión de las obras, u ordenar el bloqueo de la cuenta empleada por el presunto infractor.

 

De confirmarse la infracción a derechos de autor a través de la declaración administrativa, el IMPI podrá sancionar al infractor con multas de treinta hasta veinte mil días de salario mínimo y también podrá ordenar “la cancelación de la cuenta que el infractor utiliza para administrar los archivos hospedados en algún sitio o servicio”, pero no podrá restringirse el acceso a Internet.

 

Por otra parte, en la iniciativa se consideran como visitas de inspección por parte del IMPI las visitas que el organismo realice a algún sitio de Internet con objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley  de Propiedad Intelectual y la Ley Federal del Derecho de Autor.

 

Finalmente, se propone considerar como delito el administrar un sitio de Internet con enlaces a material protegido por derechos de autor, como puede ser Cuevana. En estos casos se aplicará una pena de  seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días de multa “al administrador de un sitio en Internet que ponga a disposición del público en general, enlaces o archivos electrónicos que permitan la reproducción, distribución o la comunicación pública de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, sin contar con la debida autorización del titular de los derechos”.

 

Algunos expertos que han hablado a favor de esta iniciativa señalan que no va dirigida al usuario común que comparte archivos, sino a los sitios de Internet, pero el texto que hemos detallado demuestra lo contrario.

 

Ya existen voces en contra de esta iniciativa como la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) quienes afirman que este tipo de regulación “atienden a realidades de otras jurisdicciones y buscan mantener modelos de negocios obsoletos”. El proceso legislativo apenas inicia.

 

 

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