La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, al resolver un amparo directo en revisión estableció que la violación al derecho fundamental de “puesta sin demora del detenido”, contenida en el artículo 16 constitucional, tiene consecuencias legales y jurídicas en el procedimiento.

 

Entre esas consecuencias la Primera Sala destaca la anulación de la confesión que se haya obtenido al estar retenida indebidamente la persona y la invalidez de las pruebas que se hayan obtenido por la demora injustificada, las cuales no producirán efecto alguno en el proceso ni podrán ser valoradas por el juez.

 

Además, los magistrados destacan que esta nulidad también incluye aquellas pruebas que estén vinculadas directamente con el hecho delictivo cuando sean recabadas por iniciativa de las autoridades policíacas  al prolongar injustificadamente la detención, sin la conducción y mando del Ministerio Público.

 

La Primera Sala sostuvo que la disposición constitucional de puesta a disposición sin demora de un inculpado requiere un estudio detallado de las circunstancias de cada caso concreto, pues lo que está en juego es la libertad personal del detenido, el cual es un derecho humano que no puede ser restringido salvo en las condiciones que la propia Constitución establezca.

 

Así, la Sala estimó que las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de una detención en flagrancia no pueden ser invalidadas a menos que se acredite la existencia de vicios en la detención que determinen que ésta sea considerada inconstitucional. De tal manera que solamente podrán ser invalidadas las pruebas que se hubieren obtenido sin la autorización del Ministerio Público y que tengan como fuente directa la demora injustificada.

 

Se espera que estos criterios formen a las autoridades policíacas y ministeriales para evitar que por no haberse ajustado al debido proceso el responsable de un delito obtenga su libertad.

 

 

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