Nueve organizaciones no gubernamentales dirigieron una carta a los senadores de la Comisión de Justicia del Senado de la República para expresar su preocupación por el contenido del Anteproyecto de Dictamen del Código Nacional de Procedimiento Penal.

 

En ese comunicado expresan preocupación por el contenido del artículo 305 del ordenamiento que prevé que en caso de denuncia o querella se pueda solicitar a los operadores de telefonía móvil, “la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos que se investigan en términos de las disposiciones aplicables”, sin que exista de por medio una orden judicial.

 

La localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil tuvo su desarrollo a partir de que en 1999 la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos hizo del 911 el número universal de emergencia para todos los servicios de telefonía, incluyendo celulares.

 

Así se obligó a las empresas de telefonía a contar con tecnología para localizar la posición de un celular donde salió una llamada, llegando incluso a indicar la latitud y longitud en que se encuentra el teléfono, con una exactitud de entre 50 y 300 metros, según la tecnología usada, con la finalidad de llevar asistencia a la persona que realiza la llamada. Incluso algunos expertos afirman que la localización puede ser tan precisa que llega a presentar un margen de error de sólo diez metros.

 

Para determinar la ubicación geográfica de un teléfono móvil puede utilizarse el sistema  GPS en caso de que el equipo lo incluya o realizando una triangulación usando las torres de telefonía móvil, para lo cual se identifica la celda en la que se establece la llamada (entrante o saliente) según sea el caso.

 

Ahora bien conforme al artículo 16 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada comunicaciones privadas son aquellas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.

 

El artículo 16 constitucional establece que las comunicaciones privadas son inviolables y que sólo la autoridad judicial federal podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

 

Al respecto la Suprema Corte ha expresado que la inviolabilidad de las comunicaciones privadas establecida en el  artículo 16 constitucional, se extiende a todas las formas existentes de comunicación y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica, y quedan  protegidas por este derecho fundamental.

 

Por otra parte el artículo 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que cuando esta intervención la soliciten las autoridades de una entidad federativa exclusivamente se concederá si se trata de los delitos de homicidio, asalto en carreteras o caminos, robo de vehículos, privación ilegal de la libertad o secuestro y tráfico de menores.

 

Ante este marco jurídico podemos ver que la propuesta resulta totalmente inconstitucional y contraviene otras disposiciones legales, y eso que no estamos analizando la violación que al derecho a la intimidad ésta disposición también implica.

 

Ojala que el Senado escuche las voces de la sociedad civil, para contar con una legislación que aproveche la experiencia y propuestas de distintos foros, fruto de cinco años de trabajo.

 

 

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