En este mes se han presentado varios casos de bullying que del acoso han pasado a la violencia generando incluso lesiones que ponen en riesgo la vida.

 

En Jalisco a un niño de seis años, presuntamente unos niños de nueve años, le cortaron el prepucio. En Guanajuato un niño de doce años fue golpeado provocándole lesiones internas, por no querer fumar.

 

El caso más grave es el de un niño de 12 años de Puebla que fue golpeado brutalmente al salir de la secundaria y que se encuentra hospitalizado con parálisis en la mitad de su cuerpo, amnesia y problemas al hablar después de pasar por el estado de coma provocado por el traumatismo craneoencefálico severo que le dejó la golpiza.

 

Todas estas conductas, de haber sido cometidas por un adulto, constituirían un delito, pero al tratarse de menores de edad se consideran infracciones.

 

Si estas infracciones fueron cometidas por mayores de 12 años pero menores de catorce, no les son aplicables medidas de internamiento que restrinjan su libertad, sin embargo sí le es exigible la reparación del daño.

 

Para muchos, este tipo de conductas amerita que se reduzca la edad de responsabilidad penal como ha venido sucediendo en otros países, o que los jóvenes que cometen actos con mayor agresividad sean juzgados como adultos. Este es el gran debate en el mundo.

 

Sin embargo la Convención sobre los Derechos del Niño establece que toda persona menor de 18 años de edad que sea acusada por la comisión de un delito tiene derecho a ser juzgado dentro de un sistema de justicia penal especial debido a que se encuentra aún en proceso de desarrollo y formación de la personalidad, lo cual requiere una protección especial e implica que no debe ser juzgada como adulto.

 

En este sentido, nuestra Constitución Política fue reformada en 2005, para crear un sistema de justicia especializado para adolescentes, entendiéndose por estos a  los mayores de 12 y menores de 18 años acusados de haber cometido un delito.

 

Estos sistemas contemplan como medidas la libertad asistida, servicios en favor de la comunidad, reparación del daño, obligación de estudiar, adquirir un trabajo, recibir un tratamiento para las adicciones, cambiar de domicilio o bien, la prohibición de frecuentar ciertos lugares y relacionarse con determinadas personas.

 

Pero la gran mayoría de estos sistemas no consideran la intervención terapéutica y profesional que atienda los factores que lo llevaron a delinquir ni, especialmente, un tratamiento psicológico que permita que el adolescente tenga una rehabilitación plena.

 

Los sistemas tampoco contemplan los riesgos que conlleva que el adolescente presente una psicopatía irreversible que lo convierte en un riesgo permanente para la sociedad.

 

Ante estos casos, insistimos, estamos a tiempo de hacer una revisión de la justicia para adolescentes orientada a recuperar a estos jóvenes y evitar que a la larga se conviertan en un riesgo para la sociedad.

 

 

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