El grupo parlamentario del PAN en el Senado anunció en conferencia de prensa el pasado jueves que esta semana presentará en el Senado de la República una iniciativa de reformas a la Constitución para que se decrete la desaparición de poderes en Michoacán y en lugar de que se designe un gobernado interino, se cree una Junta Provisional de Gobierno, ante “la grave situación de inseguridad que se vive en esa entidad”.

 

Actualmente el artículo 76, fracción V  de la Constitución política faculta a la Cámara de Senadores para declarar que ha llegado el caso de nombrar un gobernador provisional en un estado al haber desaparecido todos los poderes constitucionales.

 

Ese nombramiento de gobernador provisional se hará por el “Senado a propuesta en terna del Presidente de la Republica con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la comisión permanente, conforme a las mismas reglas”.

 

La propia disposición remite a la Constitución local,  señalando que el gobernador provisional “convocara a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado”.

 

La Constitución del estado de Michoacán establece en su artículo 58 que de considerarse que han desaparecido los poderes en la entidad “será Gobernador el funcionario a quien corresponda, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 160 de esta Constitución, o en su defecto, el que designe la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los términos de la Constitución General de la República”.

 

El artículo 160, establece el siguiente orden de prelación para que asuma el Poder Ejecutivo en Michoacán: el Presidente de la última Legislatura, el Secretario de Gobierno o el Secretario de Finanzas y Administración, el último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y esa persona deberá convocar a elecciones, sujetándose en lo posible a la forma y términos prescritos en la Constitución local.

 

Por otra parte, existe una Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, que establece que “se configura la desaparición de los poderes de un Estado” únicamente cuando los titulares de los poderes en los estados quebranten los principios del régimen federal; abandonen el ejercicio de sus funciones; estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de sus cargos o funciones,  o “con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”; prorroguen su permanencia en el cargo o promuevan a o adopten formas de gobierno o base de organización política distintas a las previstas en la Constitución General de la República.

 

La iniciativa del PAN implica que este marco jurídico debe ser modificado integralmente para que se designe una Junta de Gobierno Provisional en Michoacán. Así, además de que se apruebe la reforma constitucional por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como por lo menos 16 legislaturas locales, debe derogarse o reformarse la Ley  Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, para ajustarse a los supuestos de la situación que vive Michoacán.

 

Pero también debe de refromarse la Constitución local, para que se ajuste a la reforma de la Constitución federal, ya que de lo contrario se contrapodrían.

 

Pero además, debe comprobarse que ninguno de los tres poderes está funcionando en Michoacán: ni el Ejecutivo, ni el Legislativo ni el Judicial y en este sentido los hechos prueban lo contrario: la semana pasada la Cámara de Diputados de Michoacán sesionó normalmente y lo mismo sucedió con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

 

Deficilmente esta iniciativa prosperará, además de que se trata de un proceso largo. Pero independientemente de lo anterior existen otros instrumentos jurídicos para controlar la inseguridad en Michoacán como son la suspensión de garantías, regular la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna, o regular y controlar a las guardias comunitarias, pero son temas que los legisladores se niegan a abordar..

 

 

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