Cuando en junio de 2008 se realizó la reforma constitucional para establecer en nuestro país el nuevo sistema penal acusatorio se estableció  como uno de los principios del mismo la publicidad.

 

Ahora, una vez que el Senado cuenta con facultades para expedir un Código Nacional de Procedimiento Penal, se analiza como llevar este principio a la realidad.

 

Según información publicada en animalpolitico.com en el proyecto elaborado por la Cámara de Senadores establece en dos de sus artículos que “estaría prohibido el ingreso de cámaras o videocámaras a los llamados juicios orales o de conciliación, por violentar el derecho de las personas que están en un juicio, además de que vulneraría las garantías para las víctimas. También se discute en ese anteproyecto si los medios de comunicación podrían entrar a las audiencias”.

 

También se señal que el anteproyecto que se discute en el Senado prohibe el ingreso con una cámara a un juzgado, videograbar el reconocimiento de los sospechosos de un crimen por parte de testigos o las entrevistas de las autoridades a presuntos involucrados en un delito.

 

Algunos consideran que este constituye un atentado a la transparencia, sin embargo la misma no es extraña a las entidades de la federación que ya han legislado sobre el procedimiento en el nuevo sistema penal acusatorio y que ya realizan juicios orales.

 

En el estado de Chihuahua, que es la entidad que lleva realizando los juicios orales mayor tiempo,  su Código de Procedimientos Penales establece que las audiencias son públicas y prevé un derecho de asistencia privilegiada a los medios de comunicación, sin embargo “la transmisión simultánea, oral o audiovisual de la audiencia o su grabación con esos fines, requieren la autorización previa del Tribunal y el consentimiento del imputado y de la víctima u ofendido, si estuviere presente”. Con esta disposición se respeta el derecho a la intimidad de las personas.

 

Además, el Tribunal podrá resolver excepcionalmente, aún de oficio, que se desarrolle a puertas cerradas, total o parcialmente la audiencia cuando así se requiera por seguridad, para mantener el orden o peligre un secreto protegido por ley. Una vez desahogado ese punto la audiencia puede continuar siendo pública.

 

Inclusive, se prevén medidas para proteger a los testigos al momento de rendir su testimonio.

 

Esta disposición es semejante a la propuesta de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, sobre un Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación, elaborado en 2009.

 

En ese documento se propone que la transmisión simultánea, oral o audiovisual o la grabación para esos fines de la audiencia, requiere la autorización previa del tribunal, pero también para prohibir fundadamente la grabación, fotografía, edición o reproducción de la audiencia cuando se afecte la seguridad o el orden público, entre otros supuestos.

 

Todas estas restricciones están en concordancia con el artículo 20 constitucional en donde se prevé que las audiencias sean públicas pero permitiendo que esta publicidad se  restrinja en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

 

Por otra parte, en varios códigos de procedimiento penal locales como es el caso de Chihuahua, Zacatecas, Oaxaca, Morelos, Nuevo León y el Estado de México, se prevé el registro de las audiencias por medio de video grabación, agregando las mismas al expediente, y se ponen a disposición de las partes.

 

Tras el veredicto, los videos se ponen a disposición del público para su consulta. Así es como se hizo público el juicio a Sergio Rafael Barraza, asesino de Marisela Escobedo, activista de Cuidad Juárez.

 

Con lo anterior se demuestra que es posible la convivencia entre los medios de comunicación y los juicios orales, y por supuesto también es posible encontrar un mejor equilibrio entre el derecho a la intimidad de las partes, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la información.

 

Sin embargo, pareciera que en el proceso de creación del Código Nacional de Procedimiento Penal, el Senado estuviera ignorando la experiencia acumulada por las entidades, sobre todo de aquellas que ya aplican el sistema penal acusatorio, en un intento por descubrir el hilo negro.

 

 

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