Esta semana, como cotidianamente ha venido sucediendo en los últimos seis meses, las autodefensas de Michoacán vuelven a ser noticia después de que los denominados grupos de autodefensas tomaron la cabecera municipal y otras comunidades del municipio de Tancítaro, Michoacán el pasado sábado.

 

Tancítaro es un municipio con una superficie de 717.65 kilómetro cuadrados y población total según el Censo Nacional de Población 2010 de 29,412 personas, tres veces la capacidad del auditorio nacional, y una densidad de población de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Según el Censo en la cabecera municipal viven 5,478 personas y son el tercer lugar en producción de aguacate en el estado, siendo Michoacán el principal productor en el país.

 

Este municipio ha sido noticia en varias ocasiones debido a los ataques del crimen organizado. En 2009 por amenazas del crimen organizado, el alcalde y el cabildo en pleno renunciaron; en diciembre de ese año el Congreso del estado nombró un consejo municipal;, nueve meses después el presidente de ese consejo fue asesinado.

 

Desde hace más de seis años ese municipio ha vivido secuestros, asesinatos, extorsiones. En abril de 2013 fueron quemadas dos empacadoras de aguacate en Tancítaro y el crimen organizado impidió el paso de corporaciones de auxilio para sofocar el fuego. Y el fin de semana pasado hubo una incursión de civiles en respuesta al secuestro y asesinato de dos mujeres jóvenes.

 

Los 19 municipios en los que las autodefensas afirman tener control son municipios de poca población, que va de 5, 10 mil habitantes a 40 mil el más grande, con una baja densidad poblacional, por lo que para las autoridades municipales es difícil cubrir el territorio y otorgar seguridad a los pobladores

 

Este panorama podría llevarnos a entender por qué los llamados grupos de autodefensa han tomado Tancítaro.

 

Pero por más que sus acciones tengan una justificación, estas rayan entre lo legal y lo ilegal, en ocasiones con la complicidad del Ejército y la Policía Federal, que son las únicas autoridades que esta organización reconoce.

 

El artículo 10 de la Constitución Política establece como un derecho de todo mexicano el poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

 

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece el tipo de armas que se pueden poseer, en general máximo calibre 38 en pistolas y revólveres, rifles calibre 22 con ciertas excepciones.

 

Asimismo, dicha ley prohíbe que los particulares asistan armados a manifestaciones y celebraciones públicas.

 

Algunos miembros de autodefensas portan armas de grueso calibre, fuera de su domicilio, en asambleas y reuniones y sin la licencia correspondiente, y todos estos actos constituyen delitos

 

Asimismo, el artículo 17 constitucional establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho y eso es exactamente lo que hacen las autodefensas al atacar a las autoridades municipales, a quienes consideran cómplices del crimen organizado, lo que también constituye un delito.

 

Aunque la legislación penal prevé que un ciudadano pueda hacer detenciones, las detenciones que realizan las autodefensas se hacen de forma arbitrarais y sin contar con las pruebas necesarias, por lo que esas personas terminan obteniendo en la mayoría de los casos su libertad.

 

A pesar de estos delitos, según revela el diario El Universal, los grupos de autodefensas cuentan con el apoyo del Ejército y la Policía Federal. En Apatzingán se acordó el desarme de la policía municipal, la instalación de puntos de vigilancia con presencia de autodefensas desarmados y cateos en las casas de presuntos criminales.

 

El 28 de octubre los representantes del Consejo del Grupo de Autodefensas se reunieron en Apatzingán con el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam y el general responsable de la zona, en la que se destacó la actuación al margen de la ley de las autodefensas, a lo que presuntamente el general respondió: “Lo sé, pero sabes que en legítima defensa todos los ciudadanos se pueden armar, y eso es lo que están haciendo”, pero en la realidad no se hace apegados a la ley.

 

Existen opciones para llevar a los grupos de autodefensas a la legalidad. La Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos contempla en su capítulo III la existencia de los Cuerpos de Defensa Rurales, y existe un reglamento que regula su organización y funcionamiento

 

Conforme a estas disposiciones los Cuerpos de Defensa Rurales se integran por miembros de la comunidad agraria y para el desempeño de sus funciones dependen de las determinaciones de las autoridades militares que correspondan según su jurisdicción y están subordinadas al Ejército Mexicano. Son considerados como un apoyo de carácter extraordinario al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

De ser legítimos los intereses y perfil de las personas que forman las autodefensas podría utilizarse esta figura, e inclusive actualizarla ante las necesidades actuales, pero para ello se requiere voluntad política.

 

Si no se tiene  control sobre los grupos de autodefensa, pueden terminar convirtiéndose en grupos paramilitares, generando un problema mayor al país.

 

 

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