Desde el nacimiento de esta revista electrónica en 2008 hemos insistido en varias ocasiones sobre el tema de la suspensión de garantías y la necesidad de que esa facultad sea ejercida, especialmente en las circunstancias difíciles y extremas que vivimos actualmente.

 

El tema vuelve a ponerse de moda ahora que se ha presentado en el Senado de la República la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en Materia de Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías.

 

Esta iniciativa es el primer paso de un proceso legislativo que debió haber concluido hace 17 meses, ya que al reformarse en junio de 2011 el artículo 29 constitucional, el Congreso de la Unión se impuso la obligación de expedir esta ley en junio de 2012, obligación que hasta ahora no se ha cumplido.

 

La iniciativa propuesta por el titular del Ejecutivo Federal es muy prudente y  no propone mayores supuestos para la suspensión de garantías que los previstos en la Carta Magna, sin embargo se establece el proceso a seguir en el Congreso de la Unión para que se apruebe la medida y pueda publicarse y aplicarse.

 

Esta propuesta se suma a dos iniciativas más que ya existen en la Cámara de Senadores, en adición a dos propuestas presentadas en la Cámara de Diputados, más las que se acumulen.

 

El Congreso de la Unión no puede dejar pasar más tiempo y debe sentarse a discutir de forma inmediata sin apasionamientos, sin cargas ideológicas y libres de traumas la regulación de la suspensión de garantías.

 

Muchos vemos en la limitación de las garantías individuales la posibilidad de combatir de forma más eficiente la inseguridad, con un marco jurídico que venga a regular y dar sustento jurídico a situaciones que se presentan de hecho como son los retenes que establecen las fuerzas armadas y su intervención para controlar la seguridad en una población, como sucedió en Lázaro Cárdenas, Michoacán, dándole a sus acciones una cobertura legal adecuada que hoy no tienen.

 

La situación que vive nuestro país es difícil, al igual que en el siglo XIX y principios del veinte existen salteadores de caminos, bandas criminales que se han apoderado de territorios enteros y requiere de una legislación específica, transitoria, sumaria y eficaz que facilite combatir de frente estos y otros crímenes.

 

En esa legislación puede preverse la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se caiga en excesos.

 

De cualquier forma, es momento de superar los traumas del 68 para tomar acciones definitivas en contra de la delincuencia y evitar que se siga dando la suspensión de garantías de facto.

 

 

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