La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la disposición que faculta a las dependencias a pagar a los servidores públicos a través de tarjetas de débito contratadas con la banca comercial, sin que medie el consentimiento de los mismos.

 

La Segunda Sala señala que establecer este tipo de pago de forma obligatoria “vulnera lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción X, de la Constitución que prevé que “el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda”.

 

Aclararon los ministros que ello, “no significa que el salario deba pagarse necesariamente en efectivo y, en consecuencia, que no sea jurídicamente posible implementar como sistema de pago el depósito o la transferencia electrónica a una cuenta bancaria”.

 

Los ministros destacaron que “el pago por transferencia bancaria es considerado como un pago en moneda de curso legal”, pero es necesario el consentimiento previo de los trabajadores para que éstos reciban su salario a través de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico, como se establece en el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, así como en el Convenio Internacional del Trabajo N° 95.

 

En el caso, un servidor público promovió un amparo en contra del artículo 17, fracción XII del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 el cual implementó, como una medida de austeridad, el pago de forma electrónica mediante el abono a las cuentas bancarias de los servidores públicos, por concepto de pago de nómina.

 

La demanda fue desechada inicialmente por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo el 10 de abril pasado. Inconforme con la resolución, el servidor público interpuso recurso de revisión que fue turnado al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual turnó el asunto a la Suprema Corte.

 

Los ministros ordenaron que las autoridades responsables “dejen insubsistente todo acto que tenga como fin obligar a la parte quejosa a aperturar una cuenta bancaria para recibir su salario vía transferencia electrónica y, en su caso, se le reintegren los salarios que dejó de percibir”.

 

 

www.miabogadoenlinea.net