Con la salida de Carlos Hermosillo de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Bernardo de la Garza, actual director, dio a conocer que este organismo no tiene asignado presupuesto para cumplir la promesa de dinero que se hizo a los atletas que ganaron medallas en las pasadas Olimpiadas de Beijing.

 

La promesa de entregar dinero a los medallistas mexicanos fue realizada por Hermosillo tras un supuesto acuerdo con varias empresas privadas. Pero de ese acuerdo no hay contrato ni nada por escrito, por lo que muchas empresas retiraron su oferta y ahora no hay dinero para pagar los $13 millones de pesos que se deben.

 

De acuerdo con la fuente, Hermosillo acordó pagar a los atletas la cantidad prometida de su bolsillo y supuestamente entregó cheques la semana pasada, que resultaron sin fondos cuando se pretendieron cambiar a inicios de esta semana.

 

Pero de este asunto se desprenden asuntos legales de mayor trascendencia porque Hermosillo hizo la promesa actuando como director de la CONADE, organismos descentralizado de la SEP, por lo tanto, habló en su calidad de funcionario público. ¿Quién tiene entonces la responsabilidad de cumplir, la persona física o el organismo?

 

Tradicionalmente en México ha operado la teoría de que el responsable es la persona física, pero esta tesis tuvo que cambiar con la expedición en el sexenio pasado de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en donde se reconoce que la persona moral gubernamental tiene responsabilidades frente a la ciudadanía por daños. Así que responde el estado y no la persona que tiene el nombramiento. La persona como tal responde frente al estado por responsabilidades como servidor público.

 

Es nuestra opinión que la responsabilidad de pagar esos $13 millones de pesos es de la CONADE, independientemente de quien sea su director, porque tanto la promesa como los acuerdos se realizaron a nombre de dicho organismo y no de Carlos, Juan o Pedro. Por ello el actual titular no puede lavarse las manos, sino que además de buscar como cumplir la obligación, tendrá que fincar responsabilidades sobre el ex titular por haber incurrido en responsabilidades como servidor público, y sobre quienes resulten responsables, ya que la decisión de otorgar los estímulos económicos tuvieron que haber sido aprobados por la Junta de Gobierno del Organismo, conformado, entre otros, por el secretario de Educación, de Hacienda y Crédito Público y de Salud, entre otros.

 

Fuente El Universal
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