Por mayoría de cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió revocar el amparo otorgado a Rafael Caro Quintero en agosto pasado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en el estado de Jalisco, con el que obtuvo su libertad.

 

Caro Quintero permaneció 28 años en prisión, habiendo sido procesado por distintos delitos incluido el de asesinar en 1985 al agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique Camarena Salazar y al piloto Alfredo Zavala Avelar.

 

Cuando el Tribunal Colegiado decidió otorgar el amparo a Caro Quintero el criterio fue que se trataban de homicidios del fuero común ya que las víctimas, especialmente Enrique Camarena, quien no estaba acreditado como un agente diplomático o consular, eran ciudadanos comunes por lo que el narcotraficante no debía ser juzgado en el fuero federal.

 

Ayer la mayoría de los ministros determinó “que no fue adecuada la sentencia del Tribunal Colegiado, ya que acorde a los tratados internacionales de los cuales México es parte podía advertir que Enrique Camarena Salazar, en su carácter de agente de la DEA, era una persona internacionalmente protegida ya que incluso había sido reconocida oficialmente tanto por México, así como por los Estados Unidos de América, como un agente intergubernamental, por lo que los jueces federales sí eran competentes para conocer de los delitos cometidos en su contra”.

 

Además, estableció que "los jueces federales también eran competentes para conocer de los delitos que se cometieron en contra de Zavala Avelar, pues al momento en que se realizaron los mismos, se encontraba realizando una comisión de carácter oficial, por lo que era un servidor público federal en funciones". Zavala Avelar trabajaba para la Secretaría de Agricultura, lo que supuestamente lo convertía en un funcionario público federal. 

 

El voto discordante fue el emitido por el ministro  José Ramón Cossío quien señaló que “no puedo aceptar la propuesta de que los funcionarios miembros de una agencia gubernamental extranjera que tiene jurisdicción sobre el territorio de los Estados Unidos deban ser considerados como personas internacionalmente protegidas cuando los mismos realizan funciones en el territorio nacional”.

 

Cossío mencionó el Derecho Internacional para hacer notar que el ex agente de la DEA no pertenecía a organismo intergubernamental alguno, sino a una agencia interna de su país, por lo cual no se debería reconocerle el estatus de persona internacionalmente protegida.

 

De ahí que aceptar el punto de vista del proyecto implicaría que los enviados de la Procuraduría General de la República a Estados Unidos o a cualquier otro país también tendrían que ser personas internacionalmente protegidas, lo que no se sostiene a la luz del Derecho Internacional, siendo un error reconocer la aplicación extraterritorial de las funciones de la DEA.

 

En el caso del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, el ministro hizo notar que la interpretación forzada para estimar que estaba cumpliendo sus funciones cuando fue asesinado implicaría que serían del fuero federal muchos delitos que actualmente corresponden al local.

 

 

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