Mientras que en Sonora el conflicto generado por el acueducto independencia que lleva agua a la ciudad de Hermosillo, los bloqueos a la carretera Carretera Federal México 15 a la altura del poblado de Vícam ya cumplieron 160 días, en Puebla se estaba gestando un nuevo conflicto sobre el agua.

 

El pasado 12 de septiembre el Congreso del estado de Puebla reformó la Ley de Agua para el Estado, que incluye la adición de un artículo 118 bis que faculta a los organismos públicos responsables del servicio que tengan presencia en más de un municipio, a determinar y actualizar la Estructura Tarifaria para el cobro de los derechos, productos y contribuciones de mejoras, sin requerir aprobación del Congreso del Estado y considerando los adeudos como créditos fiscales.

 

Además, las reformas permiten otorgar en concesión el servicio o encomendarlo por cualquier otro título jurídico a un particular, ya sea de forma total o parcial. En estos casos la actualización de la estructura tarifaria y de los otros conceptos de ingresos, se regulará de conformidad con lo establecido en el título de concesión o contrato respectivo.

 

Este artículo originó una serie de protestas en la entidad y la promoción de diversos juicios de amparo por particulares, agrupaciones, organizaciones no gubernamentales, universidades, entre otros. En la gran mayoría de los casos las demandas fueron desechadas, pero existen tres casos en que se admitieron las mismas y se decretó la suspensión provisional para que no se les aplique a los quejosos la Ley del Agua respecto de todos los artículos que permiten la concesión del servicio.

 

Con esta suspensión no podrá otorgarse la concesión a ningún particular hasta que se resuelvan los juicios de amparo.

 

En estos casos los jueces de distrito consideraron que de no concederse la suspensión se afectaría gravemente a la sociedad, advirtiendo de manera preliminar la inconstitucionalidad de la Ley del Agua para el Estado de Puebla y de la licitación pública impugnada.

 

Ante este panorama, el Congreso local ha decidido derogar el artículo 118 Bis, señalando que el cambio obedece a que existe una “equivoca percepción” de que la definición de las tarifas a cobrar por el servicio de agua  quedaría al arbitrio de las empresas concesionarias, así como que no desaparece el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla.

 

Lo cierto es que el conflicto apenas inicia, ya que de fondo los amparos plantean que el concesionar el servicio de agua es inconstitucional, así que este cambio no pone aun fin al conflicto.

 

 

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