Al resolver la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo directo en revisión, concluyó que el derecho al nombre incluye la posibilidad de modificar el mismo para ajustarlo a la realidad.

 

El asunto se originó por la demanda de dos hermanas que solicitaron cambiar su nombre en cuanto al apellido paterno, para adoptar el apellido del hombre que asumió el rol de padre frente a su familia y a la sociedad desde que tenían ocho y nueve años de edad respectivamente.

 

El juez estimó improcedente su petición, situación que fue confirmada por la Sala Familiar. Inconformes promovieron amparo, mismo que les fue negado y que fue motivo del recurso de revisión.

 

La Primera Sala determinó que el principio de inmutabilidad que rige el nombre de las personas, por sí sólo, no puede considerarse lo suficientemente objetivo y razonable para negar la posibilidad de modificar el nombre, a fin de que éste se adecúe a la realidad de la persona que solicita dicha modificación. Dicha restricción, además, es incompatible con los derechos fundamentales de identidad y protección a la familia.

 

Lo anterior es así ya que si una persona tiene pleno conocimiento de sus orígenes biológicos, pero debido al abandono de que fue objeto por parte de uno de sus progenitores, no tiene relación con el grupo familiar al que por cuestión de orden biológico pertenece, es evidente que cuando ello acontece, el nombre de la persona no corresponde con su realidad ni con la manera en que se ve a sí misma y quiere que los demás la vean.

 

La Primera Sala señaló que al expedirse nuevas actas por la modificación, ello no implica que su historia pasada se borre o desaparezca a partir de ese momento por lo que todos aquellos actos que hubieren realizado bajo su identidad anterior y que traían aparejados efectos jurídicos, siguen produciéndolos y les son exigibles.

 

Los ministros decidieron revocar la sentencia recurrida y se concedió el amparo a las quejosas para que la autoridad responsable proceda a verificar si en el caso realmente se acredita la necesidad de modificar el nombre de las quejosas a efecto de ajustar su situación jurídica a su realidad social, y sólo en caso de ser así, conceda dicha modificación.

 

Finalmente se estableció que las nuevas actas que en su caso se emitan, necesariamente deberán llevar la anotación marginal que de cuenta de la modificación, pero únicamente en el acta primigenia más no en las copias que de ella se expidan.

 

 

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