A finales del mes pasado la Primera Sala resolvió sobre la constitucionalidad de la compensación de hasta el 50% de los bienes que se hubieren adquirido durante el matrimonio a favor del cónyuge, prevista en la fracción VI del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal.

 

Ahora la Corte analizará la constitucionalidad del artículo 4.46 del Código Civil para el Estado de México, que otorga este mismo beneficio a las personas que residen en esa entidad.

 

El segundo párrafo de este artículo establece que en caso de divorcio “cuando alguno de los cónyuges haya realizado trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención del mismo o cuidado de la familia, de manera cotidiana, tendrá derecho a la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio, el cual no podrá ser superior al 50%, con base en los principios de equidad y proporcionalidad”.

 

En los estados donde está establecida esta disposición los juzgadores no tienen claro en qué momentos se aplica ni las circunstancias que deben tomarse en cuenta para establecer el porcentaje, llegándose inclusive a negar el derecho a esta pensión.

 

En la práctica algunos esposos llegan al extremo de presentar denuncias penales en contra de su pareja a fin de presionarlas para que acepten una compensación menor a la prevista en la ley.

 

La Corte se ha venido manifestando en el sentido de que este es un mecanismo de compensación para el cónyuge que haya asumido las cargas familiares y domésticas durante el matrimonio y que sufrió un perjuicio al ver mermadas sus posibilidades de desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en una actividad en el mercado laboral convencional por asumir determinadas labores domésticas y de cuidado.

 

Asimismo ha venido estableciendo que este tipo de disposiciones no violan el principio de irretroactividad ya que se aplican a la liquidación de un matrimonio que se presenta después de que esta disposiicón entró en vigor, por lo que no se afectan derechos adquiridos o hechos del pasado.

 

Tampoco puede considerarse una sanción retroactiva, ya que la naturaleza es de una compensación para paliar la inequidad que puede producirse cuando se presenta un divorcio, al tener su origen la norma en la necesidad de proteger preponderantemente a las mujeres que principalmente se dedicaron al cuidado del hogar y de los hijos y evitar que con motivo del divorcio caigan en un estado desventajoso económicamente hablando, especialmente si se trata de vínculos matrimoniales que han durado mucho tiempo.

 

En el nuevo caso que analizará la Corte se estableció una compensación del 25% del matrimonio, situación que es rechazada por el esposo.

 

 

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