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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo al propietario de terreno identificado como Punta Gaviota en la zona de Isla Mujeres en Cancún, Quintana Roo, que pretendía construir un desarrollo turístico al demostrarse que dañaría severamente los ecosistemas del lugar.

 

Al resolver el caso, la Primera Sala estableció la constitucionalidad tanto del artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe cualquier tipo de actividad que afecte la integralidad del manglar o las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos, así como de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

 

El quejoso solicitó el amparo en contra de la resolución que le negó el permiso para la ampliación del plazo para construir un desarrollo turístico en ese terreno, toda vez que el mismo forma parte de un sistema de manglares y humedales.

 

En la solicitud de amparo argumentó que los terrenos eran de su propiedad desde antes de que las normas ambientales fueran emitidas, por lo que las disposiciones en relacionen con la conservación  de los manglares le estaban siendo aplicadas en forma  retroactiva, además de que la prohibición de aprovechar su terreno equivalía a una expropiación.

 

Los ministros consideraron que las prohibiciones y especificaciones contenidas en las normas impugnadas tienen el propósito de proteger el medio ambiente y deben ser acatadas por los particulares y la autoridad competente, particularmente en los casos en los cuales una obra o actividad ponga en peligro un humedal costero.

 

La resolución precisa que la norma ambiental no tiene efectos retroactivos y que el quejoso no contaba con derechos adquiridos con relación al otorgamiento de una prórroga en el plazo concedido para la obra en dicho predio.

 

Asimismo se desechan los argumentos de que se trata de una expropiación, ya que únicamente se establecieron modalidades al derecho de propiedad, que originariamente es del Estado, por lo que la decisión no viola el derecho fundamental a la igualdad, “pues es claro que el establecimiento de dichas limitaciones ambientales atiende a que en los citados predios hay comunidades de mangle”, motivo por el cual su situación fáctica es distinta a la de aquellos en los que no existen tales.

 

La Primera Sala concluyó que los actos reclamados constituyen medidas razonables y proporcionales en atención al interés social. Los ministros señalaron que el quejoso deberá  preservar el terreno, pudiendo hacer uso de él en los términos autorizados por la Ley General de Vida Silvestre y la Norma Oficial Mexicana respectiva.

 

Los manglares desempeñan una función clave en la protección de las costas contra la erosión eólica y por oleaje. En ellos se alojan una gran diversidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres y desempeñan un papel fundamental en la pesca en los litorales y de la plataforma continental. Además de que constituyen un hábitat temporal de muchas especies de aves migratorias.

 

 

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