El Hospital General de Guaymas, Sonora, negó a un jornalero agrícola originario de Casa Grandes, Chihuahua, atención médica por lo que el hombre permaneció cinco días en agonía en los patios del hospital, hasta que murió el pasado lunes.

 

El paciente llegó al hospital el miércoles 16 de octubre, presentando una severa deshidratación tras deambular por las calles de Guaymas bajo los rayos del sol, además de un cuadro agudo de desnutrición. Inicialmente fue recibido pero al tener conocimiento el doctor encargado del turno que no contaba con algún programa de seguridad social ni con recursos económicos, se le pidió que se retirara ya que no se le podía dar la atención adecuada porque eso le costaba al nosocomio.

 

 

Alfredo Cervantes Alcaraz, director del hospital, declaró que se pidió apoyo del Sistema DIF Municipal, porque el hospital estaba muy ocupado atendiendo a jornaleros accidentados y concluyó que el que este hombre muriera fue “mala suerte” porque el DIF acudió a atenderlo el lunes, cuando ya había fallecido al no haber superado su desnutrición y deshidratación, a pesar de que las personas que acuden al hospital lo apoyaban con comida y agua purificada.

 

La decisión tomada por el nosocomio violó con consecuencias fatales el derecho a la salud de este jornalero. En México, el cuarto párrafo del artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general…”.

 

Además, conforme al artículo 1° de la Constitución los tratados internacionales en materia de derechos humanos también forman parte de nuestro orden jurídico. En este orden de ideas la Declaración Universal de Derechos Humanos señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”. Y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece que: “Los Estados reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en la Constitución tiene, tiene entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

 

Así, el artículo 2 de la Ley General de Salud (LGS) establece como finalidades del derecho a la protección de la salud, el disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; siendo materia de salubridad general la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables.

 

Además, la Ley de Salud del Estado de Sonora (LS) establece que la atención médica comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias con el fin de proteger, promover y restaurar la salud. Las actividades curativas tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno.

 

Por otra parte, no existe ninguna justificación legal para negar la atención médica por razones económicas ya que la LGS y la LS establecen que los servicios públicos de salud se regirán por los principios de universalidad y de gratuidad “fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios”.

 

Para este supuesto la LGS establece que las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

 

Sin embargo, en el caso de este jornalero este marco jurídico se convirtió en letra muerta, no siendo suficiente para proteger su vida y su dignidad.

 

 

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