En la Cámara de Diputados se presentará una iniciativa para adicionar el artículo 259 del Código Penal Federal a fin de tipificar las conductas que haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, atentan contra la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes.

 

La propuesta prevé imponer un apena de siete a 12 años de prisión y de 500 a 20 mil días de multa, a quien mediante el uso de estas tecnologías proponga encuentros con un menor de edad y realice espectáculos exhibicionistas con fines lascivos o sexuales.

 

La diputada Martha Leticia Sosa Govea, promotora de esta iniciativa, señaló que el punto débil en la lucha contra la pornografía infantil por Internet es que todavía la conducta no está tipificada, lo que ha favorecido que el primer encuentro de pedófilos y pederastas con sus víctimas sea a través de esos medios.

 

Así, las redes sociales, foros, mensajería instantánea y otros programas de Internet son el instrumento por el cual el delincuente o acosador establece vínculos con la víctima, de quien mediante el cortejo o el engaño logra que se desnude frente la cámara de su computadora e involucrarlo en una diversidad de circunstancias, que afectan su integridad.

 

La diputada señala que reportes de la Policía Federal identifican a 548 presuntos pederastas; sin embargo, por la falta de reformas que sancionen estas actuaciones delictivas no ha habido ninguna acción contra ellos o intervención de sitios en la web.

 

Además, dijo, autoridades refieren que sus actuaciones sólo son de carácter preventivo y no tienen facultades para actuar jurídicamente contra los pederastas.

 

En junio pasado, la Procuraduría General de la República, PGR, reportó que México es el mayor emisor de pornografía infantil a través de Internet a nivel mundial, tras haberse detectado más de 12 mil cuentas personales desde las cuales se distribuye este material ilegal.

 

En un evento organizado a finales de septiembre en el Senado, personal de la Policía Federal y de la PGR señalaron que la legislación en nuestro país no es suficiente para castigar este tipo de delitos e inclusive destacaron que la ley no obliga a las empresas proveedoras de tecnología a dar información que permita dar con el paradero de los delincuentes cibernéticos que hacen negocio con la pornografía infantil.

 

La legisladora enfatizó que también la falta de información que tienen las niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos que puede representar Internet para su integridad física, han contribuido a que la pornografía infantil vaya en aumento.

 

 

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