Los juzgados Segundo, Sexto y Séptimo de Distrito Auxiliar, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en distintos juicios de amparo promovidos en contra de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) decidieron negar la suspensión provisional de eventuales evaluaciones.

 

En el acuerdo, los distintos juzgadores exponen las razones por las cuales se niega la suspensión. El Juez Sexto de Distrito Auxiliar afirmó que la evaluación no sólo está prevista en la ley secundaria, sino en el artículo 3 de la Constitución, de ahí que no puede suspenderse su eventual aplicación ya que “de concederse la medida cautelar solicitada se transgredirían disposiciones de orden público e interés social, ya que la sociedad está interesada en que se garantice la calidad en la educación obligatoria mediante, entre otras cosas, la idoneidad de los docentes, así como de los directivos, para así alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

 

El juez Séptimo, por su parte, establece que no es procedente otorgar la suspensión al ser la evaluación de los trabajadores de la educación “un mecanismo para obtener una educación de calidad, entonces, la suspensión solicitada resulta improcedente, pues la sociedad está interesada en que los alumnos reciban una educación de calidad", además de que la implementación de ciertos mecanismos que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias de quien aspira a ingresar o ya se encuentra dentro del servicio, es de orden público y de interés social.

 

El argumento sobre  la posible afectación a derechos laborales al no aprobar la evaluación también fue desechado al tratarse de un acto futuro de realización incierta, por lo que tampoco se concedió la suspensión con base en esa tesis.

 

Los amparos en contra de la LGSPD se podrán presentar hasta el próximo 24 de octubre.

 

Por otra parte, el sitio efacico.wordpress.com destaca que, en opinión del abogado laboralista veracruzano Luis Alberto Viades Blanco, los amparos en contra de la reforma educativa no procederán puesto que no existe una disposición que afecte los derechos de los docentes de manera directa en estos momentos y eso sucederá cuando se empiecen a aplicar las distintas disposiciones de la legislación afectando sus derechos.

 

El abogado destacó además que la LGSPD solo aplica a quienes prestan sus servicios para la Secretaría de Educación Pública federal, por lo tanto contra esa ley no pueden ampararse aquellos a quienes no aplica, como sería el caso de los maestros que están al servicio de las secretarías de educación estatales.

 

El abogado destacó que las acciones de los maestros deben concentrarse en los congresos estatales, ya que estos deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de las distintas leyes, proceso que deberá concluir en marzo de 2014

 

 

Más información en jornada.unam.mx

 

www.miabogadoenlinea.net