En esta revista electrónica presentamos ya los antecedentes históricos de la reforma energética en materia del petróleo. En esta entrega presentamos las propuestas de reformas constitucionales que actualmente están siendo analizadas por el Senado de la República.

 

El Partido Revolucionario Institucional propone reformar los artículos 27 y 28 constitucional. En el caso del 27 se elimina la prohibición que existe actualmente para que se puedan celebrar contratos en materia de petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos, estableciendo que “la ley reglamentaria  determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de estos productos”.

 

Asimismo, en materia de energía eléctrica se elimina como actividad exclusiva de la nación la generación, transformación y abastecimiento, reservándose únicamente la conducción y distribución de la  energía eléctrica.

 

Por lo que se refiere al artículo 28 constitucional se eliminan como “áreas estratégicas” del estado el petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica así como la electricidad.

 

Con esta reforma, México conserva el dominio directo sobre el petróleo, es decir es el propietario del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos, pero puede celebrar cualquier tipo de contrato para la exploración, extracción, refinación, petroquímica básica (procesamiento), distribución, transporte y almacenamiento. Asimismo, los particulares pueden generar, transformar y abastecer energía eléctrica.

 

El Partido Acción Nacional también presentó una propuesta de reforma energética que implica la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. El artículo 25 se modifica para que el Estado garantice que el desarrollo nacional sea del desarrollo sea sustentable y con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

 

En cuanto al artículo 27 constitucional propone eliminar la prohibición que existe para celebrar contratos y otorgar concesiones para la exploración y explotación del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos que serán otorgadas por una Comisión Nacional de Hidrocarburos, debiendo garantizar el Estado el máximo beneficio de la renta petrolera para la nación “por conducto de los operadores que realicen las actividades de exploración y producción”

 

En el artículo 28 la exploración y producción del petróleo y los demás hidrocarburos; así como la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica pasan de ser una actividad estratégica y exclusiva del Estado a ser áreas prioritarias, como la comunicación vía satélite y los ferrocarriles; siendo estratégicos solamente el control operativo del sistema eléctrico nacional y la administración de los recursos producto de la renta petrolera.

 

Asimismo, la reforma propuesta por el PAN crea el Fondo Mexicano del Petróleo para administrar “la renta petrolera y conseguir su máximo beneficio”; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que regulara la exploración y extracción de hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía que regulara  la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realicen el Estado y los particulares. Asimismo, regulará las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos “que realice el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta”.

 

Con la reforma propuesta por el PAN, México también conserva la propiedad sobre el petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos, pero no sólo puede celebrar cualquier tipo de contrato para la exploración, extracción, refinación, petroquímica básica, transporte y almacenamiento sino también otorgar concesiones a los particulares para ello. En materia de energía eléctrica, la reforma permite que los particulares generaren, conduzcan, transformen, distribuyan y abastezcan energía eléctrica.

 

El Partido de la Revolución Democrática no considera necesario reformar la Constitución y propone la reforma de 12 leyes relacionadas con el sector energético.

 

 

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