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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer un segundo caso de mal praxis o negligencia médica, a fin de determinar si se violó el derecho a la salud del paciente en relación con la responsabilidad por mal praxis médica.

 

En enero de 2005, una persona de 38 años ingresó por su propio pie a urgencias del Hospital ABC con un fuerte dolor abdominal y 40° de temperatura. En el hospital le diagnosticaron pancreatitis, pero el tratamiento que recibió lo llevó a la muerte.

 

Una vez que el paciente fue ingresado en el hospital se le programaron diversos estudios, pero durante la noche sufrió ataques de vómito y crisis convulsivas sin que recibiera apoyo por parte del personal del hospital.

 

Al día siguiente, ante la gravedad del paciente, fue ordenado su traslado a terapia intensiva, sin embargo, antes fue llevado a otra área donde sufrió diversas complicaciones que lo llevaron a estado de coma.

 

Dos meses después salió del hospital con parálisis cerebral, desnutrición e incapacidad para moverse. Debido a la discapacidad física y mental que le ocasionaron, tuvo que regresar a vivir con su madre tras ser dado de alta debiendo ser atendido por un equipo de enfermeras las 24 horas al día hasta su muerte, en septiembre de 2005.

 

Un perito médico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que los médicos cometieron un error tras otro.

 

Al paciente se le trasladó al área de Rayos X en donde sufrió un paro respiratorio, sin embargo en el área no existe el equipo adecuado de reanimación por lo que tuvieron que resucitarlo manualmente.

 

Además, la mala colocación de un catéter innecesario perforó un pulmón del paciente que provocó el paro respiratorio que a su vez causó un daño cerebral irreversible.

 

Y si esto no fuera suficiente, se engañó a los familiares diciéndoles que si lo llevaban a Estados Unidos el paciente iba a regresar caminando, sabiendo que los daños eran irreparables, aunado a que a la familia se le cobró de más por la “atención” recibida:  Al paciente se le realizaron cinco estudios de electroencefalografía  sin que se aclarara su pertinencia o necesidad; se cobraron 40 copias de una resonancia magnética, aunque no se especifica en qué se utilizaron, algunas sumatorias fueron infladas en la factura final e inclusive un médico cobró un recibo por 33 mil 300 pesos por concepto de “traslado y atención neurológica” pese a que el paciente no podía ser trasladado, entre otras irregularidades.

 

La familia presentó una demanda contra el Hospital ABC y ocho doctores relacionados con la muerte del hombre solicitando la reparación del daño causado y el pago de los perjuicios correspondientes.

 

En primera instancia se condenó al hospital y a los doctores a pagar 56.7 millones de pesos por la negligencia.

 

Tras la apelación del Hospital ABC, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal disminuyó la cantidad a pagar a 51.9 millones de pesos y absolvió a uno de los médicos.

 

La familia del paciente promovió juicio de amparo directo en contra de esa sentencia ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, solicitando a la Suprema Corte que atrajese el caso.

 

La Primera Sala de la Suprema Corte decidió atraer el caso a efecto de determinar el grado de responsabilidad de los médicos de un hospital que atienden a un paciente, qué reglas de interpretación y aplicación deben regir los contratos de prestación de servicios hospitalarios y médicos privados, pero sobre todo qué obligaciones impone el derecho a la salud de los pacientes a los hospitales privados y en qué casos un hospital privado es responsable por la mal praxis médica ocurrida dentro de sus instalaciones.

 

Por lo pronto, el juicio ya lleva siete años.

 

 

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