El día de ayer se presentó en la Cámara de Senadores una iniciativa que adiciona al Código Penal Federal el artículo 97 Bis para que el Ejecutivo Federal, por sí o a solicitud de las Cámaras del Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conceda el indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal.

 

La iniciativa establece que esta solicitud procederá cuando existan indicios consistentes de que la persona sentenciada no tuvo acceso a una adecuada defensa y ello fue determinante para que le fuese imposible demostrar su inocencia; cuando se constaten violaciones graves al debido proceso en cualquier etapa del juicio o sus recursos; o cuando existan elementos objetivos suficientes que acreditan la inocencia de la persona sentenciada. La persona sentenciada previamente deberá haber agotado todos los recursos legales nacionales.

 

La propuesta está motivada en general por la serie de casos que se han venido presentando en los que diversas personas han sido sentenciadas, a pesar de que han existido violaciones al debido proceso, destacando de entre ellos el caso más reciente relacionado con el maestro Alberto Pathistán Gómez.

 

El maestro Pathistán cumple una condena de 60 años de cárcel por lesiones, homicidio calificado, robo calificado, daño a la propiedad, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, al habérsele encontrado responsable de la muerte de siete policías en una emboscada el 12 de junio de 2000.

 

El 18 de marzo de 2002 fue sentenciado. Apeló la sentencia, ante el Segundo Tribunal Unitario del vigésimo circuito. La sentencia fue confirmada el 21 de agosto 2002. Promovió amparo directo, ante el Primer Tribunal Colegiado del vigésimo circuito y el 11 junio 2003, el amparo fue negado.

 

De acuerdo con la defensa y distintas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, los delitos no fueron debidamente probados ante el juzgador, además de que se desecharon diversas pruebas testimoniales que acreditaban que en el momento de los hechos Pathistán se encontraba en otro lugar, asimismo se indujo a los testigos a identificar a Pathistán como el responsable, por lo que existieron violaciones graves a su derecho a la adecuada defensa y al debido proceso.

 

El último recurso que promovió la defensa fue un incidente de reconocimiento de inocencia, conforme a la fracción II del artículo 560 del Código Federal de Procediemintos Civiles, que permite pronover este incidente con base en la existencia de documentos públicos que invalidan las pruebas en que se fundó la sentencia y que sirvieron de base a la acusación y al veredicto.

 

Los representantes de Pathistán solicitaron que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia, pero la Primera Sala decidió no atraer el incidente por mayoría de tres votos, contra los votos de dos ministros que estuvieron en favor de atraer dicho recurso.

 

El caso fue retornado al Primer Tribunal Colegiado del estado de Chiapas. La defensa sólo ofreció como pruebas diversas jurisprudencias, tesis y sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito, solicitando que las pruebas en que se fundó la sentencia fueran consideradas bajo estos criterios, aplicando el principio pro persona.

 

Sin embargo, el mes pasado dicho tribunal determinó que los elementos aportados por la defensa "no son aptas ni tienen el alcance de invalidar las pruebas que sostienen la sentencia condenatoria, debido a que provienen de hechos diferentes a los que dieron origen a la sentencia condenatoria de Patishtán Gómez".

 

El Tribunal también señaló que “la pretensión del promovente, de que con base en las jurisprudencias, tesis y sentencias emitidas por la SCJN y Tribunales Colegiados de Circuito, sea este Tribunal Colegiado el que invalide la pruebas que sostienen la sentencia condenatoria, implicaría revalorar dichas pruebas de condena, lo que no es permitido en el incidente de reconocimiento de inocencia, ni por la jurisprudencia de la Corte”.

 

En el reconocimiento de inocencia la Corte ha establecido el criterio de jurisprudencia que establece que la petición de reconocimiento de inocencia, basada en que las pruebas que aportó en la causa penal no fueron debidamente analizadas, “lleva a concluir que tal solicitud debe declararse infundada, pues dicho incidente no tiene por objeto abrir otra instancia para que se valoren nuevamente los elementos probatorios, sino la destrucción de los que fundaron la sentencia condenatoria”.

 

El maestro Patisthán ya no tiene otros recursos legales nacionales a los cuáles acudir, quedando únicamente las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

El aprobar esta adición al Código Penal Federal sería una nueva oportunidad para Pathistán y para muchos otros que se encuentran en la cárcel sin mayores opciones para buscar su libertad, agregando una herramienta más para corregir las injusticias.

 

 

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