Una de las críticas que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la llamada reforma educativa es que la misma “no considera mejorar las instalaciones de las escuelas”, y que a partir de la reforma a los artículo 3 y 73 de la Constitución Política, los padres de familia deberán ser responsables del pago de luz, agua, mobiliario, limpieza, impermeabilización, etcétera, por lo que desde su punto de vista la educación deja de ser gratuita.

 

La CNTE llega a esta conclusión toda vez que en el quinto transitorio, fracción III, inciso a) de la reforma, se establece el fortalecimiento de la “autonomía de gestión de las escuelas”. Según el texto de la Constitución, esto es “...con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”.

 

Así, en las modificaciones a la Ley General de Educación se incluyó en la fracción V Bis del artículo 12 la facultad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para emitir lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar, “mismos que tendrán como objetivos: mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director”.

 

La autonomía de gestión para muchas escuelas en el país no es una novedad, ya que aquellas que participan en el Programa de Escuelas de Calidad (PEC), creado en el ciclo escolar 2001-2002, reciben y administran directamente recursos para sacar adelante los proyectos y acciones que la comunidad de cada escuela decide, para mejorar el funcionamiento del centro educativo.

 

El objetivo del PEC es “convertir a la escuela en el centro del sistema educativo, en donde las comunidades educativas: directores, docentes, alumnos y padres de familia, tomen decisiones consensuadas para mejorar el funcionamiento de las escuelas”.

 

Los recursos que reciben las escuelas que voluntariamente participan en este programa provienen de aportaciones de la federación y del estado correspondiente.

 

Asimismo, las escuelas pueden recibir aportaciones adicionales equivalentes a lo que logren reunir las escuelas beneficiadas por aportaciones municipales, de padres de familia o donaciones de organizaciones sociales y privadas, en especie o en efectivo.

 

Los recursos recibidos deben ser destinados en un 30% al fortalecimiento académico, que incluye la capacitación y la compra de equipo técnico, libros, útiles, materiales escolares y didácticos. El resto puede destinarse a la rehabilitación, acondicionamiento, mantenimiento, construcción y ampliación de espacios educativos, la adquisición de mobiliario, y/o la adquisición de equipo y servicios para Internet.

 

En este programa las organizaciones de la sociedad civil Mexicanos Primero y Lazos propusieron a partir del ciclo escolar 2008-2009 una innovación con un proyecto llamado Fortalecimiento e Inversión Directa a Escuelas (PEC-FIDE), que contempla dos estrategias principales: la participación de los Supervisores de Zona Escolar y “asegurar la equidad en la oportunidades de aprendizaje para alumnos y alumnas en situación de riesgo educativo" porque presentan alguna discapacidad temporal o permanente, dificultades de aprendizaje y desventajas como pobreza extrema, discriminación o exclusión por etnia, lengua o cultura.

 

En el PEC-FIDE los recursos deben ser administrados de forma distinta: al menos 25% para la atención de los alumnos en situación de  riesgo, hasta 25% para formación continua de directivos, docentes y padres de familia y hasta un 50% para materiales y apoyos didácticos, equipamiento, construcción, mantenimiento, y/o adecuación de espacios educativos. En este caso los recursos asignados a cada escuela son en proporción al número de alumnos con que cuenta.

 

En el PEC FIDE participan el Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo e Hidalgo y participan los organismos de la sociedad civil para la operación de la contraloría social, animación y evaluación.

 

Estos programas han permitido que las condiciones de las escuelas y el rendimiento de los alumnos mejoren de manera significativa.

 

Al incluir en la los artículos transitorios de la llamada refroma educativa y en la Ley General de Educación disposiciones sobre la "autonomía de gestión en las escuelas", el PEC se convierte en parte de la ley, existiendo inclusive una disposición para que en el presupuesto se incluyan los recursos suficientes para la autonomía de gestión de las escuelas, que deberán ser administrados directamente por las instituciones educativas, implicando para las comunidades, mayor libertad pero también mayor responsbilidad.

 

Por lo que se refiere a la gratuidad de la educación, las disposiciones relativas a la misma continúan vigentes. Así, la fracción V del artículo tercero constitucional prevé que “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”; y lo mismo se establece en el artículo 6 de la Ley General de Educación que ratifica esta disposición.

 

Este mismo artículo 6° prevé la existencia de cuotas escolares, mismas que deben ser voluntarias, obligando a las autoridades educativas a establecer disposiciones para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de estas cuotas. Además se prohíbe expresamente que el acceso el acceso a la escuela, la inscripción, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación o el trato igualitario entre los alumnos esté sujeto a la condición de cubrir o pagar las cuotas voluntarias.

 

Además, la Ley General de Educación sigue contemplando la entrega de recursos por parte de la Federación, de los estados y municipios para “el financiamiento de  la educación pública y los servicios educativos”.

 

En este orden de ideas, podemos concluir que la afirmación de la CNTE no se apega a la realidad y que, contrario a sus señalamientos, mediante esta reforma la comunidad educativa podrá administrar parte de los recusos del presupuesto para la educación en la forma en que les otorgue más beneficios.

 

 

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