En agosto se presentó en Michoacán un amparo promovido por distintos estudiantes, en lo individual, para evitar que estallara una nueva huelga en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

 

En el proceso, el juzgado cuarto de distrito, con sede en Morelia, Michoacán, otorgó la suspensión provisional a los alumnos en contra de la huelga, sentando un precedente respecto el equilibrio que debe prevalecer en los centros educativos respecto de los derechos laborales y el derecho a la educación.

 

El juzgado determinó que era procedente otorgar la suspensión provisional contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ante el emplazamiento a huelga del sindicato de la institución de educación superior.

 

En la sentencia se estableció que la Universidad debía permanecer abierta para que se siguieran impartiendo las clases, o en su caso determinar un lugar alterno en que estás se continuaran impartiendo.

 

Por ello la sentencia emplazaba a las autoridades judiciales laborales, universitarias y representantes de trabajadores académicos o administrativos a establecer qué personal debería laborar para garantizar el derecho de los estudiantes a recibir clases e, incluso, autorizar la contratación de personal emergente para ello, así como a establecer las medidas de apremio necesarias para lograr la consecución de tales medidas.

 

Lo anterior a fin de lograr la coexistencia del derecho de huelga de los trabajadores con el derecho humano de los estudiantes a la educación, para que éstos últimos continuaran recibiendo las clases a que tienen derecho, considerando que tienen incorporado a "su patrimonio jurídico" el derecho a la educación.

 

Finalmente el día de ayer el juzgado no concedió la suspensión definitiva, sobreseyendo el caso “dado que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje informó que ordenó el archivo del procedimiento de huelga por falta de interés del sindicato emplazante en su prosecución”.

 

Un segundo antecedente es el juicio de amparo promovido en Oaxaca, Oaxaca por  la Coordinadora Estatal de Padres de Familia (CEPF) ante el juez Primero y Tercero de Distrito por que logró reunir en una primera etapa un total de mil firmas para soportar el documento.

 

En Oaxaca también se ha promovido un juicio de amparo, pero este por el paro de los maestros de Oaxaca que forman parte de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). El juicio fue promovido por la Coordinadora Estatal de Padres de Familia ante los juzgados primero y tercero de distrito con sede en esa entidad.

 

La finalidad es presionar a las autoridades federales y estatales para que tomen las acciones necesarias para tutelar el derecho a la educación de los alumnos afectados por el paro indefinido y que estos puedan empezar en el corto plazo el ciclo escolar 2013-2014, argumentando una violación sistemática a los derechos de la educación de los niños oaxaqueños consagrado en el artículo tercero constitucional.

 

Este podría constituir un segundo precedente en el que se busque guardar el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el derecho a la educación.

 

 

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