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Durante el pasado fin de semana nuestro país vivió un fenómeno atmosférico extraordinario que generó inundaciones y desastres en la mayor parte del territorio dejando inclusive incomunicada a la ciudad de Acapulco.

 

Aunque las autoridades inmediatamente implementaron los planes de protección civil y el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, denominado PLAN DN-III-E y el “PLAN MARINA” de Auxilio a la Población Civil en Casos y Zonas de Emergencia o Desastre, aun no existen los instrumentos legales necesarios para restablecer el orden y la seguridad en casos de emergencia, incluyendo la suspensión de garantías.

 

En casos de desastre natural la fase tres del PLAN DN-III-E y el PLAN MARINA en materia de orden y seguridad únicamente contemplan que las fuerzas armadas coadyuven “con las fuerzas de seguridad pública para preservar la actividad económica y los bienes de la población” y la legislación en materia de protección civil es también omisa en la materia de seguridad y orden en las zonas afectadas por un desastre natural.

 

Por otra parte la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública considera como obligación de los integrantes de las instituciones policiales apoyar a las autoridades en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres. Asimismo, las leyes de seguridad pública de los estados considera como objeto de la seguridad pública mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas así como sus bienes, prevenir la comisión de delitos y auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres.

 

Sin embargo no existen protocolos de actuación específicos para las instituciones de seguridad en casos de desastre o catástrofes.

 

En otros países como Chile, la Constitución contempla la suspensión de distintas libertades, garantías individuales o derechos humanos como nosotros los identificamos, en cuatro distintos supuestos, a los que se denominan  “estados de excepción”. Uno de esos estados de excepción es “el estado de catástrofe”, en donde “el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada”.

 

El 27 de febrero de 2010 ocurrió en Chile un terremoto que alcanzó una magnitud de 8.8 en la escala de Richter, causando más de 700 muertes. Al día siguiente el gobierno, con fundamento en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, declaró el estado de catástrofe para restablecer el orden, distribuir la ayuda humanitaria, proteger la planta productiva y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

 

En junio de 2011 se dieron los primeros pasos en nuestro país para crear los estados de excepción, que incluye el estado de catástrofe, al reformarse el artículo 29 de la Constitución Política, pero a dos años de distancia, aun no se emite la ley que haga esto posible.

 

Acapulco vive una emergencia en la que sería necesario suspender las garantías individuales a fin de atender la emergencia y recuperar el orden. Simplemente el día de ayer ya se reportó el saqueo en una tienda Costco. Los marinos formaron un retén en la zona de puerto Márquez donde les quitaron a las personas cualquier objeto suntuoso o de diversión y aparentemente solo les permitieron llevar comida, sin embargo otros elementos de la propia Marina, la Policía Federal y el Ejército Mexicano se mantuvieron sólo a la expectativa.

 

Ante circunstancias como las que actualmente se presentan en Acapulco, se hace cada vez más necesario contar con un instrumento legal que permita restringir las garantías individuales a través de los llamados estados de excepción y que defina protocolos de actuación para restablecer el orden y la seguridad.

 

También, frente a esta emergencia cabe recordar que conforme al artículo 83 de la Ley de Aviación Civil, en caso de un desastre natural el gobierno federal podrá hacer la requisa de las aeronaves y demás equipo de los servicios públicos de transporte aéreo, de los bienes muebles e inmuebles necesarios y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente, aunque deberá pagar daños y perjuicios a valor real.

 

 

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