En sesión de cabildo del 8 de agosto el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, decidió asignar al actual presidente municipal y al secretario de seguridad pública del municipio escoltas por razones de seguridad a partir de que dejen el cargo el próximo 10 de octubre, por lo que una agrupación de ciudadanos decidió presentar un amparo colectivo en contra de esta decisión.

 

El amparo fue acompañado con la identificación oficial de 1,609 ciudadanos que respaldaron con su firma la solicitud de este amparo.

 

En el acuerdo aprobado por el cabildo se establece la “dotación de manera permanente y durante un término prudente de la cantidad necesaria de escoltas que sea requerida para salvaguardar la integridad física del Señor Presidente Municipal y del Señor Secretario de Seguridad Pública Municipal aun después de que finalice la presente administración municipal. El anterior apoyo es para ejercerse única y exclusivamente en territorio de Juárez”.

 

El amparo promovido por Plan Estratégico de Juárez, A.C., que es acompañado por la firma de los ciudadanos, fue admitido en el Juzgado Séptimo de Distrito y la audiencia constitucional está programada para el próximo cuatro de octubre.

 

Los ex alcaldes Francisco Javier Barrio Terrazas, Ramón Galindo Noriega, Jesús Alfredo Delgado Muñoz y Gustavo Elizondo Aguilar también han promovido un amparo en contra de esta decisión y éste fue admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito y se fijó el 3 de octubre como fecha para llevarse a cabo la audiencia constitucional con la cual se iniciará el estudio de fondo del juicio.

 

Los argumentos jurídicos en contra de este acuerdo señalan que el mismo carece de la debida fundamentación jurídica al no existir una disposición legal que avale la decisión, además de que no establece en forma clara tiempos, modalidades, ni costos, independientemente de que se estarían canalizando recursos públicos para protección privada.

 

Para la mayoría de los miembros del cabildo se trata de un "acto de humanidad" y "agradecimiento" a las acciones de estos funcionarios públicos en contra del crimen en la ciudad, además de que por sus acciones su integridad queda en riesgo al estar expuestos a actos de venganza por perder la seguridad que se les brinda en este momento.

 

Este es uno de los primeros ejercicios sobre amparo colectivo en base a la nueva Ley de Amparo.

 

 

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