El pasado 24 de abril, el New York Times publicó una nota sobre el entrenamiento que diferentes Ministerios Públicos recibieron en Austin, Texas, en cuanto a la oralidad en los juicios del orden penal, tal y como ya se prevé en diferentes estados y a nivel federal para que se haga el cambio gradualmente en todos los estados de la República.

 

Esta nota fue traducida literalmente y publicada en MSN Noticias, pero se trata de una traducción que falla en adaptar los términos a nuestro sistema legal y de esta manera se refiere a “fiscales”, figura que en México no existe, y se incurre en otros errores que exponen la falta de conocimiento, por parte del redactor original de la nota, y por tanto, del traductor, sobre los antecedentes históricos del sistema legal mexicano.

En la nota, ambas, se hace referencia a la capacitación que se da a diversos MP mexicanos en la exposición inicial de los casos y en los interrogatorios, porque es cierto que los abogados tenemos que aprender retórica en la expresión hablada. Sin embargo, en el sistema legal de los Estados Unidos existen múltiples leyes, algunas muy complicadas, en cuanto a las normas para efectuar los interrogatorios, por ejemplo, y que se trata de normas y leyes que en México no existen y que se tendrán que ir adaptando según la experiencia se suceda. Por eso el llamado coaching es básicamente en modulación de voz, expresión corporal, tipo de preguntas a realizar, etcétera.

 

Con ello quiero establecer que si bien se ha visto la conveniencia de hacer los juicios penales orales por diversos motivos, eso no significa que en México se esté copiando a pie juntillas el sistema legal de nuestro vecino del norte porque la oralidad no implica necesariamente abandonar el sistema legal consuetudinario.

 

Llama la atención que en el New York Times se publica en esta nota que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de un organismo dependiente, está financiando esta capacitación con el otorgamiento de $7 millones de dólares este año y la entrega de más dinero en los años subsecuentes. Todo con el propósito de apoyar el cambio en los juicios penales en nuestro país.

 

Si la capacitación se está impartiendo a Ministerios Públicos, que son funcionarios públicos, tendría que haber sido autorizada por el Congreso de la Unión por tratarse de financiamiento externo, lo que plantea un interesante tema de investigación que queda puesto sobre la mesa para quien lo quiera tomar.

 

Fuente New York Times y MSN Noticias

 
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