La Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí revocó la sentencia de un año de prisión a que había sido condenada Hilda Bellanira López Cruz por el delito de aborto, dictando una sentencia absolutoria al no existir pruebas en su contra que demuestren la responsabilidad en los hechos.
En julio de 2009 Hilda se encontraba en su casa cuando sintió dolores derivados del embarazo y, sin contar con una receta, decidió tomar una pastilla para aliviar la molestia, lo que derivó en el aborto del producto.
La joven acudió al Hospital Básico del Municipio de Tamuín, San Luis Potosí quejándose de dolores de vientre y una hemorragia. Al ser atendida e interrogada por una doctora, a quien le dijó que había tomado una pastilla para el dolor, ésta concluyó que el medicamento había provocado el aborto.
Con base en esas declaraciones la trabajadora social denunció a la joven ante el ministerio público y cuando aún estaba internada en el hospital recuperándose, fue aprendida por la policía municipal.
Hilda pasó una noche en una celda vestida sólo con su bata de hospital, y fue liberada al siguiente día por falta de pruebas, pero el caso siguió abierto.
La foto de la joven apareció en la prensa con artículo periodísticos que la señalaban como asesina al haberse inducido el aborto con algún medicamento que ingirió.
Una supuesta investigación siguió su curso y en julio de 2012 la joven volvió a ser detenida y encerrada durante 24 horas hasta que pagó una fianza de 3 mil pesos, dictándosele el 5 de abril una sentencia condenatoria, con una pena de un año de cárcel y una multa de mil 39 pesos.
La sentencia que se había dictado en contra de la joven Hilda López se basó únicamente en la confesión que el personal médico obtuvo bajo intimidación cuando le condicionaron el tratamiento a la joven.
En este sentido, la directora general de la asociación Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que tomó la defensa de Hilda, Regina Tamés, reveló que de 2009 a 2011, al menos 679 mujeres fueron denunciadas en México por el personal de salud sin que existiesen pruebas en su contra.
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