La semana pasada el Distrito Federal fue sitiado por los bloqueos y manifestaciones por parte  de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), principalmente de la sección 22 de Oaxaca, en oposición a la reforma educativa que estaba siendo procesada en el Congreso de la Unión.

 

Al final, los legisladores dejaron para otro momento la discusión de la iniciativa de Ley del Servicio Profesional Docente que establece los criterios, términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio.

 

La profesionalización en el servicio público no es algo novedoso. Por mandato constitucional existe en el servicio de defensoría pública federal, en el Instituto Federal Electoral y en las instituciones de seguridad pública.

 

Asimismo, por mandato de ley existe otro tipo de servicios profesionales de carrera como la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal o la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

 

También existe el Servicio Profesional Agrario de la Procuraduría Agraria; el Sistema de Especialistas en Hidráulica de la Comisión Nacional del Agua; el Servicio Profesional de Carrera del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; el Sistema de Administración Tributaria.

 

El Diccionario de Política y Administración Pública define al servicio profesional de carrera o servicio civil de carrera, como también se le conoce, como “ conjunto de acciones sistemáticas mediante las cuales los servidores públicos pueden ingresar, permanecer y desarrollarse profesionalmente dentro de la administración pública, proporcionando a su vez niveles altos de eficiencia y eficacia que redunden en el cumplimiento óptimo de los objetivos institucionales como respuesta a las demandas públicas que el gobierno recibe por conducto de su aparato administrativo”.

 

Por su parte la doctora María del Carmen Pardo, profesora-investigadora del Colegio de México, en su obra “El Servicio Civil de Carrera para un mejor Desempeño de la Gestión Pública” señala que el servicio civil de carrera es una “forma de gestionar los recursos humanos de la administración pública para formar servidores públicos cuyo compromiso sea con el interés común, sin consideraciones políticas de grupo o partido, basada en el mérito, la imparcialidad y la igualdad de oportunidades”.

 

Asimismo, la doctora Pardo destaca que “los valores sobre los que se fundan los servicios de carrera son el mérito como criterio de reclutamiento y ascenso del personal, la igualdad que garantiza que todos los candidatos tengan la misma oportunidad para ser seleccionados y promovidos y la estabilidad en el cargo como mecanismo para evitar el sistema de despojos o de botín”.

 

Todos los sistemas de servicio profesional  de carrera tienen en común que se regula el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, y que esta permanencia depende de que el profesional cuente con las aptitudes necesarias para ocupar el cargo que ostenta.

 

Quizás esta última característica y que el sistema es un mecanismo para evitar “el despojo o el botín”, sean los principales motivos de preocupación de la CNTE, ya que se evita que los cargos sean asignados por tendencias políticas, simpatías personales o por relaciones sindicales, lo que le haría perder parte de la fuerza que tiene sobre sus agremiados y el control de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Oaxaca, en donde para cualquier gestión el maestro debe demostrar que ha asistido a cuando menos 80% de los “actos” del sindicato, incluyendo marchas y plantones.

 

Para algunos, el que los maestros se deban someter a la evaluación para continuar en los cargos que ocupan es viola si derecho a la inamovilidad o el principio de irretroactividad, pero ya existen criterios de la Suprema Corte que en caso semejantes consideran que estos principios constitucionales no se ven violados.

 

La experiencia más reciente del establecimiento de un sistema de profesionalización es en el caso de las instituciones de seguridad pública.

 

Cuando se estableció en la Procuraduría General de la República el sistema de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias laborales, se promovieron diversos amparos contra esas disposiciones, y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no se transgrede el principio de inamovilidad de los trabajadores de base al servicio del estado ni la irretroactividad de la ley.

 

La jurisprudencia establece que al darse al trabajador la opción de someterse a las evaluaciones, acogerse a un programa de reubicación o de retiro voluntario “no se transgrede ese principio constitucional, porque ningún supuesto dispone que los trabajadores de base dejarán de prestar sus servicios por el solo hecho de preferir cualquiera de las opciones, … pues tratándose de la establecida en la fracción I (la opción de someterse a las evaluaciones), se otorga prioridad y preferencia al principio de inamovilidad, porque tiene como objetivo principal que continúen prestando sus servicios personales en la Institución, con la condición de que se sometan a evaluaciones de control de confianza y las aprueben; en el caso de las fracciones II y III, (acogerse a un programa de reubicación o de retiro voluntario) se les otorga plena libertad para decidir entre ubicarse en otras dependencias de gobierno o separarse del servicio público, en cuyo caso, la decisión de acogerse a cualquiera de estas opciones, implica necesariamente la manifestación de voluntad de no seguir prestando sus servicios en la Procuraduría, circunstancia que de manera clara deja de lado la posibilidad de que sean cesados, pues la relación laboral terminará voluntariamente”.

 

Asimismo, la Suprema Corte ha establecido que preceptos de esta naturaleza no transgreden el principio de irretroactividad de la ley porque “la norma no actúa para lo acaecido en el pasado, sino para el futuro, debido a que el supuesto normativo relativo a la obligación de los trabajadores de base de elegir entre cualquiera de las opciones señaladas, rige a partir de la entrada en vigor de la Ley, y en un plazo de 60 días, lo que implica que tanto los efectos del supuesto, como sus consecuencias, ven hacia el futuro; y porque la fracción I (la opción de someterse a las evaluaciones) propicia la continuidad de la relación de trabajo, de donde se sigue que no se modifican las condiciones de trabajo, pues en caso de que se elija esa opción, la prestación de servicios se desarrollará en los mismos términos y condiciones que rigen en ese momento, es decir, con los derechos laborales contemplados por el artículo 123, apartado B, constitucional, como son: jornada máxima de trabajo, días de descanso, vacaciones, salario fijado en el presupuesto respectivo, garantía de igualdad salarial, derechos escalafonarios y seguridad social …”

 

Además, establece la Segunda Sala “el hecho de que en el momento de contratación no se hubiera exigido el requisito relativo a someterse a evaluaciones de control de confianza y aprobarlos, no representa violación a la inamovilidad, debido a que la condición para continuar en ocupación laboral encuentra sustento en que el trabajador no incurra en una causa de cese de las previstas en el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual estaba vigente antes de la entrada en vigor de la indicada Ley Orgánica.

 

La jurisprudencia concluye que por lo que se refiere a las opciones  de acogerse a un programa de reubicación o de retiro voluntario, “tampoco violentan derechos adquiridos, debido a que otorgan plena libertad a los trabajadores de base para decidir ubicarse en otras dependencias de gobierno o separarse del servicio público, en cuyo caso, la decisión de acogerse a cualquiera de estas opciones, involucra necesariamente la manifestación de voluntad de no seguir prestando sus servicios”.

 

No existe ninguna razón, al menos jurídica, para que los maestros reciban un trato distinto a otros servidores públicos que son sujetos de un servicio profesional, y de ser aprobada la Ley del Servicio Profesional Docente con supuesto parecidos a los descritos, difícilmente la CNTE podrá invocar la inconstitucionalidad de la misma, de ahí la presión política y social que están ejerciendo para obtener una legislación que les favorezca.

 

Sin embargo, también debemos reconocer que en México los sistemas de servicios profesionales no son la panacea, como se ha demostrado en las instituciones de seguridad, y que el problema de la educación en México no radica únicamente en los maestros, sino también en los planes y programas de estudio que al insistir en sólo desarrollar “competencias” estamos creando generaciones de ignorantes, preparados únicamente para la línea de ensamblaje sin capacidad de razonar o innovar.

 

Por ejemplo, se insiste en que nuestro país debe leer más y hasta se modificó la ley para establecer un precio uniforme de los libros, pero en 1° o 2° de secundaria los jóvenes no son estimulados a leer un solo libro ni clásico ni contemporáneo.

 

Y tal vez mejorará la educación en las escuelas públicas y ¿en las escuelas privadas?

 

No cabe duda que la Ley del Servicio Profesional Docente debe ser negociada para ajustarse a las distintas realidades de la educación, pero no debe ser impuesta por un grupo que no está dispuesto a ceder y que sólo pretende imponer su punto de vista a costa de los demás

 

 

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