El martes 13 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió separar de su cargo a la alcaldesa del municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro, por no dar cumplimiento a una sentencia de amparo, pero todo parece indicar que la alcaldesa no se irá sin dar pelea.

 

En sus primeras declaraciones, la alcaldesa Graciela Juárez Montes, aseguró que en tanto no le fuera notificado el fallo de la Suprema Corte ella continuará como presidente municipal de Pedro Escobedo, pero que acataría la decisión y dejaría el cargo “si es necesario”, destacando que desconocía la existencia de la sentencia de amparo origen de la destitución.

 

El día 14 de agosto, el municipio dio cumplimiento a la sentencia de amparo, devolviendo a una empresa las cantidades previamente pagadas por concepto de alumbrado público, esperando que con ello la sentencia no surta efecto, aunque la alcaldes reiteró “Si en esto hay una resolución definitiva de que me tengo que retirar, me retiro”.

 

Pero el 20 de agosto su posición cambio. Graciela Juárez Montes declaró que acatará la sentencia de destitución del cargo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó en su contra; no sin antes, presentar las pruebas de su defensa, ser escuchada y vencida en juicio.

 

Graciela Juárez espera que la resolución de la Suprema Corte sea notificada al Congreso del Estado para que éste realice un juicio de procedencia y en ese proceso presentar su defensa.

 

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Nava Alvarado, coincide con la alcaldesa y considera que la Suprema Corte emitió una acusación, no una sentencia, por lo que desde su punto de vista es improcedente la separación del cargo de Graciela Juárez.

 

El Ombudsman considera que nunca y en ningún caso puede haber afectación antes de iniciar el proceso "toda persona debe ser oída y vencida en juicio, o de lo contrario se contraviene la Constitución y los tratados internacionales en el debido proceso”.

 

Puntualizó que toda acusación se debe probar, para luego condenar,  una vez que se llega a la condena, si tal es el caso, hay el juicio de amparo, y "en el caso de Pedro Escobedo no hay juicio, y la presidenea municipal no puede ser suspendida, ni aplicar sanción alguna hasta no ser oída y vencida en juicio", señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

 

Finalmente destacó el principio de presunción de inocencia, que establece que nadie puede ser declarado culpable hasta que no se demuestre lo contrario por lo que desde su punto de vista no aplica la separación del cargo, pues no se puede ir por encima de los derechos humanos de las personas.

 

Distintos expertos, incluyendo el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, consideran que el proceso debe ser distinto. Una vez notificada personalmente la alcaldesa sobre la resolución de la SCJN esta deberá abandonar el cargo sin objeción alguna, y el cabildo deberá designar de entre los regidores al nuevo alcalde.

 

Si Juárez no deja el cargo y el cabildo no se reúne, el juez de la causa deberá solicitar al Congreso del Estado su intervención para iniciar un proceso para separar del cargo a la alcaldesa

 

Con todo, al ser inatacables las decisiones de la Suprema Corte, este proceso deberá ser únicamente de trámite, ejecutando la resolución judicial de separar del cargo a la alcaldesa sin poder bajo ninguna circunstancia modificar la decisión que tomaron los ministros del máximo tribunal de justicia del país.

 

En el proceso que se siga a la alcaldesa por el delito de desacato de una orden judicial, ella podrá argumentar y presentar las pruebas que considere necesarias, teniendo derecho a ser “oída y vencida en juicio”.

 

Habrá que ver quien prevalece en este caso, si la Suprema Corte o la alcaldesa Graciela Juárez, que al parecer hará uso de todas las argucias posibles para permanecer en el cargo.

 

 

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