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El día de ayer oficialmente inició el ciclo escolar 2013-2014, pero en algunos estados y especialmente en el estado de Oaxaca la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a un paro indefinido de labores.

 

Así, desde la mañana de ayer se dieron bloqueos en la carretera federal México- Puebla por parte de maestros de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, con el consecuente impacto en más de 2 millones de alumnos en esas entidades.

 

Se prevé que el próximo miércoles se unan maestros de San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California Sur y Zacatecas, a fin de ejercer presión en la Cámara de Diputados en donde se discutirán en el periodo extraordinario del 21 al 23 de agosto las leyes secundarias en materia educativa.

 

Independientemente de la discusión sobre si estos paros de labores son legales o no, existe otra más trascendente respecto a la prevalencia del derecho de huelga o paro de labores de los trabajadores de la educación y el derecho a la educación.

 

En nuestro país, el abogado Miguel Carbonell ha establecido una estrategia para presentar demandas de amparo a fin de evitar una nueva huelga en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con el argumento de que el derecho a huelga no puede estar por encima del derecho a la educación.

 

En ese caso se plantea una ponderación de derechos, haciendo un balance de los derechos en conflicto y su posible armonización. Esta misma discusión se ha presentado en otros países como Perú, Paraguay o Argentina.

 

En esas experiencias, para determinar la jerarquía de un derecho sobre el otro, se ha tomado en cuenta la posibilidad que tiene alguno de esos derechos de ser limitado por alguna causa.

 

Así, respecto al derecho de huelga se destaca que aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 8 inciso d) los estados parte se comprometen a garantizar entre otros, el derecho de huelga, se reconoce que el ejercicio del mismo puede tener límites, de conformidad con las  leyes  de cada país.

 

Respecto a la posición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se subraya que el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos sobre Interpretación de Convenios y Recomendaciones de esta organización consideran que el derecho de huelga puede limitarse cuando se afectan los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, a aquellos cuya interrupción puede tener consecuencias para la vida, la seguridad o la salud de la persona, pero la Comisión reconoce que lo que deba entender por servicios esenciales depende en gran medida de las condiciones propias de cada país.

 

Estos organismos de la OIT también consideran aceptable que el derecho de huelga se limite estableciendo el servicio mínimo o limitado a las actividades estrictamente necesarias para cubrir las necesidades básicas de la población o satisfacer las exigencias mínimas del servicio, sin menoscabar la eficacia de los medios de presión, cuando se trata de un servicio público de importancia.

 

Por lo que respecta al Derecho a la Educación, reconocido en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos al establecer que toda persona tiene derecho a la educación, y en la Convención sobre los Derechos del Niño en la que los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación, en la experiencia internacional se considera que no puede ser limitado.

 

Este hecho generalmente se ejemplifica con el artículo 27 de la Convención Americana  sobre Derechos Humanos que autoriza, en caso de emergencia la suspensión o limitación de determinados derechos o garantías, pero excluye expresamente de tal suspensión o limitación los derechos de la niñez, mientras que el derecho de huelga no se encuentra excluido.

 

En consecuencia se concluye que aunque respetable y legítimo, el derecho de huelga no tiene igual jerarquía que el derecho a la educación de la niñez, debiendo prevalecer este último.

 

Hasta el momento no existe ningún criterio judicial en nuestro país que haya arribado a tal conclusión, pero a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se pueden empezar a establecer criterios sobre el tema, obligando tal vez al magisterio a mantener las condiciones mínimas para que la niñez mexicana puedan seguir recibiendo la educación a la que tienen derecho.

 

 

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