Al devolver $10,000.00, parte de la dote en especie de $18,000.00 que sus familiares habían recibido para establecer un compromiso de matrimonio, una joven de 17 años pudo romper con ese acuerdo para casarse con un hombre de 40 años.

 

Según los usos y costumbres de la región Otomí- Tepehua, todo estraba arreglado para que la pareja contrajera matrimonio este mes, pero la joven se negó a cumplir con el compromiso, interviniendo los mediadores indígenas, una figura de la Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia que opera en comunidades alejadas de los centros urbano.

 

La joven denunció ser acosada por el “prometido”, quien al haber entregado la dote, alegaba que la mujer le pertenecía por lo cual se la iba a robar. En dos audiencias públicas realizadas en ñhañhu, lengua tradicional otomí, el encargado de los mediadores arregló el perdón a la joven, al exigir la restitución de $10,000 de los $18,000 que había costado el acuerdo.

 

El matrimonio forzado es una unión en la que los contrayentes no han dado su libre y pleno consentimiento.

 

La Convención de la ONU sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios establece que el matrimonio sólo puede celebrarse con el “libre y pleno consentimiento” de los futuros contrayentes.

 

Desde 2012 la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establece en su artículo 28, una pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días multa, además de la declaratoria de nulidad de matrimonio, al que obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella.

 

Asimismo, la Ley para Combatir y Prevenir la Trata de Personas para el Estado de Hidalgo, prevé como una forma de explotación de las personas el matrimonio forzado o servil y la pena aplicable es de seis a doce años de prisión y multa de quinientos  a mil quinientos días de salario mínimo; y de nueve a dieciocho años de prisión y multa de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días de salario mínimo, si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o en contra de persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

 

Sin embargo, los hechos demuestran que a pesar de la legislación, esta práctica aún sigue prevaleciendo en nuestro país, al igual que en otras partes del mundo. Según el INEGI, en México hasta 2009 había 130 mil matrimonios que involucraban a adolescentes de entre 12 y 16 años.

 

 

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