Todo parece indicar que en el próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión se discutirá la reforma financiera, que incluye una iniciativa de reformas al Código de Comercio para el otorgamiento y ejecución de garantías.

 

Un tema que ha llamado especialmente la atención son las providencias precautorias que puede ejercer el acreedor como son el arraigo y el secuestro de bienes, afirmándose que las mismas son introducidas en esta iniciativa de reformas.

 

Algunos medios han destacado que de “aprobarse esta iniciativa, el arraigo de un deudor se podrá dictar ‘cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda’ ”.

 

Respecto al secuestro provisional de bienes destacan que este procedería “cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes”.

 

Sin embargo, las providencias precautorias del arraigo y el secuestro de bienes y las condiciones para solicitarlas son parte del Código de Comercio desde el 1° de enero de 1890, fecha en que entró en vigor dicho ordenamiento, y la gran mayoría del texto relativo a estas figuras no ha sido modificado desde esa fecha. Inclusive existen criterios judiciales sobre el tema.

 

Las reformas pretenden impulsar y facilitar el uso de estas figuras para los acreedores, pero no existe un equilibrio adecuado entre el acreedor y el deudor.

 

Por ejemplo, en el artículo 1168 de la iniciativa se propone establecer que si el deudor tiene dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, se presumirá, salvo prueba en contrario, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados.

 

Asimismo, se elimina la obligación del acreedor de acreditar la necesidad de la aplicación de la providencia precautoria que solicita.

 

Otro ejemplo es que se pretende que la garantía que debe otorgar el acreedor para que se decrete el arraigo, sea determinada por el juez “prudentemente”, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante”, sin tener en consideración la posición del deudor.

 

En resumen, al analizarse estas reformas los legisladores deberán procurar que se conserve un equilibrio entre deudores y acreedores.

 

 

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