El Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, TAE, condenó al Ayuntamiento de Guadalajara a pagar una indemnización por 20 millones de pesos a una mujer que fue herida de bala en 2005.

 

La historia comenzó el 17 de octubre de ese año, cuando en su día franco y alcoholizado, un policía exigió servicios sexuales a una joven de nombre Angélica Rodríguez Luévano, quien le respondió que no se dedicaba a esa actividad. Varios amigos salieron en su defensa, se armó la reyerta y el policía accionó su pistola de cargo lesionando a cinco personas.

 

A Angélica una bala le atravesó el muslo derecho y recibió otro disparo en la espalda que además de lesionarle la clavícula y el pulmón, le daño la médula espinal, dejándola en silla de ruedas de por vida.

 

Desde entonces Angélica buscó que las autoridades asumieran la responsabilidad por las acciones de su empleado.

 

En noviembre de 2006 Angélica presentó una propuesta conciliatoria al municipio para que se repararan los daños y perjuicios causados, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, solicitando un monto de sólo 838 mil pesos, sin embargo, la autoridad rechazó pagar esa indemnización.

 

En noviembre de 2005 su padre interpuso una queja en contra del Ayuntamiento de Guadalajara ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y tres años después la Comisión emitió una recomendación, señalando la obligación del municipio de reparar los daños por violación al proyecto de vida de Angélica.

 

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el daño al proyecto de vida atiende a la realización de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente expectativas determinadas y acceder a ellas; su objeto de afectación es la libertad y al pleno uso de la misma en relación con el desarrollo y desenvolvimiento del ser humano hacia sus objetivos o aspiraciones de vida.

 

Por eso en 2009 la alcaldía le otorgó una plaza laboral, guardería para sus dos hijas y apoyo psicológico, pero de nuevo se evadió la indemnización por lo que Angélica acudió al Tribunal de la Administrativo del Estado, TAE.

 

En 2011 el municipio fue condenado a pagar una indemnización por 20 millones de pesos, además de una casa de una planta no menor a los 200 metros cuadrados de superficie; un automóvil adaptado a su discapacidad motriz; una silla de ruedas eléctrica y educación para sus hijos.

 

Pero mientras la sentencia se impugnaba se mantuvo en secreto y en los presupuestos de 2012 y 2013 no se asignó la cantidad para hacer frente a la indemnización.

 

Ahora el Ayuntamiento de Guadalajara interpuso un recurso de imposibilidad material para pagar la indemnización, como último recurso para combatir la sentencia, ya que la partida presupuestal de responsabilidad patrimonial no tiene ese fondo.

 

El representante legal del municipio afirma que la indemnización establecida por el TAE no tiene sustento legal y que la sentencia se sostiene en consideraciones e interpretaciones que hace el Tribunal, “a su libre interpretación que tiene de la ley, ya que la Ley de Responsabilidad Patrimonial establecen un tope que no rebasa los 2.5 millones de pesos hablando de indemnizaciones”.

 

Sin embargo, desde 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los topes  máximos de indemnización en la legislación sobre responsabilidad patrimonial del estado son inconstitucionales al contravenir el artículo 113 de la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

 

En las tesis aisladas 1a. CXCIV/2012 (10a.) y 1a. CXCV/2012 (10a.) la Corte también  ha establecido que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, el derecho a una reparación integral o justa indemnización ante la vulneración de derechos fundamentales, previsto en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede considerarse incorporado al ordenamiento jurídico mexicano.

 

La Corte define la reparación integral o justa indemnización como un derecho que debe tutelarse en favor de los gobernados que no debe limitarse en forma genérica por el legislador innecesariamente, y atendiendo a los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido.

 

De no ser esto posible, es procedente el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual de ninguna manera debe implicar generar una ganancia a la víctima, sino otorgarle un resarcimiento adecuado, ajustándose a cada caso concreto y de acuerdo con las circunstancias específicas.

 

La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenamiento que entró en vigor en 2004 con el objeto de fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufren daños en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Poderes del Estado, sus dependencias y organismos públicos descentralizados y autónomos, fideicomisos estatales y municipales, ayuntamientos y sus organismos, así como empresas de participación mayoritaria.

 

Este caso es un precedente importante sobre la responsabilidad patrimonial del estado, que definitivamente influirá en otros casos, sin embargo parece ser que el municipio no ha aprendido su lección de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, porque tarde o temprano tendrán que pagar la indemnización.

 

 

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