En octubre de 2012 a través de Facebook se denunció que una menor rubia y de ojos claros estaba pidiendo limosna en las calles de Guadalajara, Jalisco, destacando que podría tratarse de un posible caso de robo o explotación de menores, pues la madre es morena.

 

La imagen se hizo viral y la entonces Procuraduría General de Justicia del estado detuvo a Jiola Esmeralda Ornelas Sánchez y a su hermana Laura y las separaron de sus hijos, para regresárselos nueve meses después.

 

En sus investigaciones, una vez que la madre de la menor y su tía estaban en la Procuraduría, de manera forzosa obtuvieron muestras de ellas y  los niños a fin de realizar una prueba de ADN y comprobar que realmente existía un parentesco consanguíneo entre la menor de tez blanca y su madre Jiola.

 

Después de tres días las madres fueron liberadas y los menores enviados al Hospicio Cabañas, a pesar de que las madres mostraron la documentación que acreditaba su maternidad.

 

Y de ahí empezó el peregrinar de las madres para recuperar a sus hijos. Las madres interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con lo que el DIF de Jalisco les permitió visitar a sus hijos.

 

En la evaluación psicológica que se realizó  a los menores se determinó que por lo menos uno de ellos  padecía angustia por separación por no tener contacto con su familia y estar en el albergue.

 

Los dictámenes de ADN demostraron que existía parentesco consanguíneo, pero a pesar de ello no se permitió que las familias se reunieran nuevamente.

 

Inclusive las madres fueron acusadas de corrupción de menores e inducción a la mendicidad y se atendió una denuncia que la Procuraduría había ignorado desde 2010, cuando se reportó que tres niños eran utilizados para pedir limosna en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Niño Obrero en Guadalajara. No obstante, no pudieron confirmarse estos delitos, según consta en el expediente del caso.

 

La investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos llevó nueve meses, para en junio emitir una recomendación a la Procuraduría señalando que se violaron los derechos humanos a la igualdad, a la privacidad y a la seguridad jurídica de los menores.

 

La principal critica que la Comisión realiza a la Procuraduría, actualmente Fiscalía Central del Estado, es que a pesar de que desde hace dos años se había denunciado que presuntamente los menores estaban siendo inducidos a la mendicidad, la institución no actuó sino hasta que existió una presión  a través de las redes sociales en las que se destacó que las características físicas de la menor violando el derecho a la igualdad al haberse indicado la investigación por una actitud discriminatoria basada en las diferencias físicas entre la menor y su madre.

 

Asimismo, el derecho a la privacidad se considera violado a partir de que las quejosas no fueron debidamente informadas sobre el procedimiento para la obtención de muestras biológicas para realizar las pruebas de ADN, ni se recabó su consentimiento informado y expreso. Aunado lo anterior a los niños también se les realizaron pruebas ginecológicas y andrológicas sin que fueran necesarias y sin el consentimiento de sus madres.

 

La recomendación también señala que en la investigación nose  respetó “el principio de no criminalización contra las familias en condición de pobreza económica”, pues tanto los niños como las dos mujeres se convirtieron en víctimas de las autoridades locales por su situación socioeconómica.

 

A pesar de la recomendación, tuvieron que pasar casi treinta días más para que finalmente Jiola y Laura pudieran reunirse con sus hijos.

 

Es lamentable que la autoridad sólo actúe cuando es impulsada por la presión mediática, y ni siquiera en esas circunstancias se realice una investigación profesional.

 

 

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