La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y 16 organizaciones de la sociedad civil protectoras y defensoras de derechos humanos y de asistencia a personas con discapacidad presentaron un escrito de Amicus Curiae en el recurso de revisión que desde marzo ha estado analizando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que interpuso por un joven que sufre de Síndrome de Asperger, para que le sea retirado el estado de interdicción y pueda tomar decisiones por sí mismo.

 

En el Amicus Curiae se solicita a la Corte que se reconozca que a la luz de las reformas constitucionales de derechos humanos el  juicio de interdicción es inconstitucional y contrario a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2007 (CDPD), que entró en vigor en México el 3 de mayo de 2008.

 

Asimismo, solicitan que el joven sea escuchado por los ministros de la Corte y se tomen en cuenta sus demandas y que en términos del artículo 12 de la Convención se establezca un sistema que facilite la toma de decisiones de manera libre e informada, sin que sustituya la voluntad del joven.

 

Para las organizaciones de la sociedad civil el caso resulta emblemático porque refleja el estado en que se encuentran miles de personas con discapacidad en México a las que se  les impide actuar en sociedad y tomar decisiones importantes y básicas en su vida, como celebrar un contrato de trabajo, casarse o disponer de sus bienes, sustituyendo su voluntad en lugar de asistirles.

 

La decisión de la Suprema Corte puede ser un paso sin precedentes en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Además, es la primera vez que en Latinoamérica una corte constitucional tiene bajo su conocimiento un caso como éste, por lo que su análisis y resolución podría sentar un precedente continental sobre los derechos de las personas con discapacidad.

 

En 2010 el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) realizó un Seminario sobre Capacidad Jurídica y Acceso a la Justicia, de donde se obtuvo un informe final con recomendaciones para la implementación del artículo 12 de la Convención en nuestro país.

 

Estas recomendaciones destacan que todos los códigos civiles, familiares y procedimentales en México deben ser reformados a efecto de cumplir con los nuevos principios de plena capacidad jurídica e inclusión legal, social y económica de las personas con discapacidad a los que México se comprometió al ratificar la Convención.

 

De continuar la existencia del estado de interdicción, se concluye, “los efectos legales del nombramiento de un tutor no deben ser el privar a las personas con discapacidad de su capacidad jurídica de ejercicio, y el apoyo que proporcione el tutor debe centrarse en todo momento en la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad misma que deberá controlar en todo momento la adopción de cualesquiera decisiones, por ejemplo, haciendo indispensable la firma de la persona con discapacidad en cualesquiera actos que se refieran a sus bienes o patrimonio”.

 

El juicio de interdicción es la declaración legal del nivel de capacidades e incapacidades de una persona y tiene como consecuencia el nombramiento de un tutor que lo represente legalmente y de un curador, encargado de vigilar el desempeño del tutor, por lo que la persona declarada en interdicción no puede decidir libremente sobre su vida.

 

La persona con Síndrome de Asperger tiene problemas con las interacciones sociales, capacidades comunicativas deterioradas e intereses o comportamientos inusuales, pero menor propensión a tener problemas con el lenguaje o la capacidad intelectual. A partir de mayo de 2013, la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) de los trastornos mentales, ya no le llama oficialmente como Síndrome de Asperger sino “trastorno del espectro autista" (TEA)

 

 

 

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