La Secretaría de Gobernación y y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) anunciaron ayer el lanzamiento de una campaña en medios de comunicación electrónica para combatir el engaño telefónico y la extorsión.

 

Esta campaña consiste en un spot de 20 segundos que enviará un mensaje de alerta sobre la extorsión telefónica y anuncio será transmitido de manera gratuita por los agremiados en la CIRT.

 

La expresión más grave de la extorsión telefónica se presentó a principios de este mes cuando diez niños fueron sacados de un kinder y llevados a un hotel al aparentemente haberse recibido en el plantel donde estudiaban una llamada de extorsión telefónica proveniente de una cárcel en Tamaulipas.

 

Este tipo de extorsiones son tan comunes que desde el sexenio pasado existía un programa para instalar en los centros de readaptación social de los distintos estados de la República sistemas para la inhibición de telecomunicaciones á fin de evitar que salieran del interior de las cárceles llamadas de celular.

 

Se asignaron recursos en el presupuesto y se reformaron la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para “garantizar que todos los centros de readaptación social... federales o de las entidades, cualquiera que sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular o de transmisión de datos o imagen”.

 

Además se expidieron “Lineamientos de Colaboración entre Autoridades Penitenciarias y los Concesionarios de Servicios de Telecomunicaciones y Bases Técnicas para la Instalación y Operación de Sistemas de Inhibición”, para establecer la coordinación de las autoridades penitenciarias de los tres niveles de gobierno con los diversos actores nacionales involucrados en el tema de las telecomunicaciones, a fin de restringir de manera permanente todo tipo de comunicación en los Centros de Readaptación Social”.

 

Pero los resultados de estos esfuerzos han sido mínimos.

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en el primer trimestre de este año, en su revisión a la Cuenta Pública del 2011, que 357 de las 406 cárceles estatales y municipales del país no contó con equipos inhibidores de señales de radiofrecuencia en el 2011, año en el que todas las cárceles del país debían contar con los dispositivos de bloqueo, según el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

 

Mientras la ley no se cumpla inhibiendo estás extorsiones desde donde son generadas, las cárceles, cualquier medida adicional resultara inútil.

 

 

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