En la batalla por el agua, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la suspensión de plano otorgada al municipio de Hermosillo, beneficiarios del Acueducto Independencia, para que se mantenga el abasto de agua, declarando improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el municipio de Cajeme, Sonora, en su calidad de tercer interesado.

 

Cajeme argumentó la existencia de pruebas supervenientes o de última hora para revocar la suspensión que permite mantener el abasto de agua a Hermosillo. Una de estas pruebas es el fallo emitido el pasado 8 de mayo por la Primera Sala de la Corte en el cual se concedió un amparo al Pueblo Yaqui de Vicam para dejar insubsistente el estudio de impacto ambiental que se utilizó para la construcción del Acueducto Independencia, para el efecto de que se realice otro dictamen en el que se tome en cuenta el derecho de audiencia de la Tribu Yaqui en su calidad de comunidad afectada por la obra.

 

La Corte aclaró que en el caso del amparo concedido al Pueblo Yaqui no se ordenó la suspensión del abasto de agua a la capital sonorense, por lo que ese fallo no se puede tomar como una prueba superveniente, mientras que las otras pruebas son anteriores a la suspensión otorgada a la ciudad de Hermosillo.

 

Con el acueducto, 300,000 habitantes de la ciudad están empezando a recibir agua potable. Si el acueducto dejara de operar el organismo Agua de Hermosillo sólo podría brindar el servicio cuatro horas diarias, o bien abastecer a la ciudad un día sí y otro no.

 

Para la época de verano la demanda de agua en la ciudad de Hermosillos es de cinco mil litros de agua por segundo y en estos momentos están recibiendo poco más de la mitad.

 

La Comisión Nacional del Agua en Sonora ratificó que otorgó permiso al gobierno estatal para extraer 60 millones de metros cúbicos de agua de El Novillo y trasladarlos a la capital del estado. A la fecha se estima en unos seis millones de m3 los extraídos. Esta autorización se sustenta en la compra de derechos de agua en las regiones de Huásabas y Granados.

 

Opositores al acueducto señalan que  el 80% del agua se va a empresas y agricultores, solo el 8.7 se va realmente a los hermosillenses y que no se exploraron opciones más prácticas que el acueducto, como reparar las fugas de la red de la ciudad que representan una pérdida del 40% de existencias; o tratar las aguas residuales al 100%, frente al 10 actual, para intercambiarlas con los agricultores de Hermosillo. También se hablaba de desalar agua de pozos y del propio mar.

 

La última palabra la tiene la Suprema Corte.

 

 

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