Cuando la suprema Corte de Justicia de la Nación decidió amparar a Florence Cassez ordenando su inmediata liberación, distintas organizaciones no gubernamentales se manifestaron en contra de esta decisión, manifestando que se estaba haciendo prevalecer los derechos de los delincuentes por encima de las víctimas y que la decisión sentaba un precedente que podría ser utilizado por otros para tratar de obtener su libertad con el mismo argumento de que no se respetaron sus garantías a un debido proceso.

 

Como reflejo de esto, del 3 al 11 de junio la Suprema Corte otorgó ocho amparos, solicitados por personas presuntamente responsables de secuestro y homicidio, a los que la Corte amparó al considerar que no habían contado con una defensa adecuada al no haber habido una defensa técnica a cargo de un abogado.

 

Una vez más la Suprema Corte ha sido criticada por las ONG por asumir esta posición, señalando que estas decisiones constituyen una incorrecta interpretación y retroactividad de las reformas al artículo 20 Constitucional. La crítica más dura ha sido de la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace quien acusa a la Corte de estar “… haciendo inconstitucional el artículo 20 constitucional”.

 

Para las ONG el texto vigente del artículo 20, fracción IX, constitucional contempla que el derecho a la defensa adecuada puede satisfacerse por sí, es decir, por el propio acusado, por un abogado o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, se nombrará un defensor de oficio.

 

Este texto fue modificado al publicarse en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008 las reformas constitucionales que establecen el sistema procesal penal acusatorio, contemplando en el artículo 20, apartado B, fracción VIII que una defensa adecuada se deberá llevar a cabo por medio de un abogado y a falta de dicha designación a través de un defensor de oficio.

 

Y exactamente la discusión más importante de la Suprema Corte al analizar estos casos se centró en definir qué texto del artículo 20 es el que está vigente y el derecho a una defensa adecuada.

 

El artículo reformado se encuentra en lo que jurídicamente se denomina un periodo de vacatio legis, ya que el artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional estableció que el sistema procesal penal acusatorio, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente sin exceder del plazo de ocho años, es decir, entrará en vigor a más tardar el 2016.

 

Para seis los ministros, la mayoría, la nueva disposición debe de prevalecer en una interpretación conforme al artículo 1° constitucional, en la que el juez debe optar por la disposición más favorable para el que está siendo juzgado, para otros miembros de esta misma mayoría, la defensa adecuada conforme al nuevo texto del artículo 20 constitucional entró en vigor a partir de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación al reformarse el concepto de defensa adecuada, que ya se incluía en la Constitución con anterioridad a la reforma.

 

Para los otros cinco ministros la interpretación pro hombre no es aplicable, ya que se trata de una disposición expresa de la Constitución que establece un concepto claro de defensa, pero además porque el contenido de algunas nuevas disposiciones constitucionales aun no están vigentes en la medida en que no se ha emitido la legislación secundaria que reglamente el nuevo penal acusatorio y que no exista una declaratoria sobre al vigencia del mismo.

 

La votación sobre la vigencia de las garantías previstas en el artículo 20 constitucional estuvo muy cerrada por lo que no constituye jurisprudencia, pero sí define la posición que cada ministro asumirá cada ocasión que se presenten estos casos y la problemática prevalecerá hasta el 2016 cuando entre en vigor en plenitud el nuevo sistema penal acusatorio

 

 

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