Hace casi un año informábamos sobre la batalla por el agua que se está librando en el estado de Sonora entre el gobierno estatal y diversas agrupaciones del municipio de Cajeme, San Ignacio Río Muerto y pueblo Vícam y pueblo Potám de la “Tribu Yaqui”, por la construcción de un acueducto que llevará agua de esa región a la ciudad de Hermosillo.

 

Hasta el momento se han promovido siete amparos y sólo tres han sido atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Federación.  El 8 de mayo la Primera Sala sólo confirmó la sentencia de amparo concedida a la tribu Yaqui por un juez de distrito, obligando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a otorgar el derecho de audiencia a las autoridades yaquis con base en lo dispuesto por el Artículo 49 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, lo cual debe hacerse adecuadamente y a través de sus representantes tradicionales a fin de respetar sus costumbres y tradiciones.

 

Este artículo obliga a que las acciones del sector público, social o privado que impacten los recursos naturales sobre los cuales los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho preferente para acceder de manera autónoma a su uso y disfrute, deberán ser previamente consensuadas con ellos, por lo que al no haberse realizado, los actos hoy impugnados son inválidos.

 

La SEMARNAT no ha sido notificada oficialmente de la decisión de la Corte por lo que no se ha dado cumplimiento a la sentencia y una vez que esto suceda la Secretaría deberá escuchara al pueblo Yaqui y, en su caso, revisar la Manifestación de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia. Es de destacar que la resolución aprobada por la Corte, “sí podría afectar a la comunidad”, principalmente en sus derechos de disposición del agua de la presa “La Angostura” que le pertenece por decreto presidencial del 30 de septiembre de 1940.

 

Para el Gobierno de Sonora la resolución emitida este miércoles por la Suprema Corte está dirigida exclusivamente a que la SEMARNAT escuche los planteamientos de la tribu Yaqui, pero no limita de ninguna manera la construcción u operación del Acueducto Independencia.

 

De hecho, el gobierno del estado se encuentra en la etapa de pruebas por lo que ya está extrayendo agua de la presa “El Novillo”.

 

La Tribu Yaqui y el Movimiento por el agua, por su parte, desde el 29 de mayo han realizado bloqueos a la Carretera Federal México 15, a la altura del poblado de Vícam en Sonora.

 

La Confederación Patronal de la República Mexicana se ha manifestado en contra de estos bloqueos en un boletín ofricial en el que señala que "La protesta ha provocado pérdidas millonarias en el estado de Sinaloa, debido las afectaciones a los agro-exportadores. En Sonora se estiman también cuantiosas pérdidas porque la manifestación retrasa el abasto a las cadenas productivas a las empresas maquiladoras y el envío de exportaciones a los Estados Unidos. El bloqueo carretero también afecta a las empresas mineras de la región y a los transportistas de todo el país".

 

Los bloqueos llevan 29 días, afectando el transporte de carga, autobuses de pasajeros y vehículos particulares, con filas de hasta 15 kilometros.

 

La región de la cuenca del Río Sonora, en donde se ubica Hermosillo, ha sufrido una grave sequía desde hace quince años,habiéndose secado en 1997 la presa Abelardo L. Rodríguez que abastecía a la ciudad. Desde entonces se han buscado otras fuentes de agua pero han sido insuficientes para cubrir las necesidades de la población.

 

Es por ello que previos estudios, el gobierno estatal decidió llevar agua del Río Yaqui a Hermosillo, lo que ha generado oposición de los habitantes de esa región ya que consideran que al privilegiar las necesidades de Hermosillo se limitará substancialmente su acceso al abastecimiento de agua, afectando su vocación agrícola, y que escaseara el agua para regar sus cultivos.

 

 

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