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El pasado viernes 7 de junio una extrabajadora de Grupo Fisher's, cadena de restaurantes y bares especializados en mariscos, denunció a través de la red social Twitter que había sido despedida injustificadamente por estar embarazada y que por esa razón había sido objeto de acoso laboral durante meses.

 

“Me empezaron a cambiar horarios, me disminuyeron el sueldo, me mandaban a bares cerrados donde la gente fuma y además que me quedaban muy lejos de mi casa”, señalaba Nora Beltrán.

 

El caso llegó a manos de Carlos Navarrete, Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal. El 12 de junio, Nora Beltrán fue atendida por Navarrete quien informó que en la defensa participarían el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la entidad.

 

Hasta ahora se han celebrado dos reuniones de conciliación en las que Grupo Fishers no reconoce el salario de Nora Beltrán, afirmando que su sueldo era el mínimo, pretendiendo que con base en ello se calcule su liquidación. Además, en el proceso se determinó que ella estaba contratada por una empresa de outsourcing llamada Impulsora Laboral SA de CV.

 

Lo más lamentable es que situaciones como esta no son la excepción sino la regla. A partir de la denuncia de Nora, la COPRED en una semana ha recibido nueve denuncias más, en los que mujeres embarazadas son acosadas para que renuncien, a pesar de que el marco jurídico les brinda protección.

 

El artículo123, apartado A, fracción V establece que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso antes y después del parto, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo.

 

Además, el artículo 133 fracción XV prohíbe expresamente a los patrones despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada.

 

En adición a lo anterior, el Código Penal para el Distrito Federal establece en el artículo 206, una pena de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a dos cientos días al que por embarazo, entre otras razones de discriminación, niegue o restrinja derechos laborales.

 

 

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