Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado discutiendo un amparo en revisión en el que analiza la constitucionalidad del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos el cual deja  a la decisión de los servidores  públicos si sus declaraciones patrimoniales se hacen públicas o no.

 

El ministro ponente, José Ramón Cossio Díaz propone en su proyecto que esta disposición debe considerarse inconstitucional, pero la posición de la mayoría, compuesta por seis ministros, es desechar la propuesta.

 

En el proyecto se plantea que en este caso el interés general debe estar por encima del interés particular de los legisladores, proponiendo que prevalezca el derecho a la información por encima del derecho a la privacidad, en la medida de que se trata de servidores públicos.

 

El ministro Cossío considera que al ser figuras públicas, el umbral de protección del que gozan respecto de la privacidad debe ceder frente a un interés público. “La protección de los datos privados debe ceder preponderantemente frente al interés público”, señaló.

 

“El acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios es un acto de transparencia para que la sociedad conozca el desempeño de sus servidores públicos”, concluyó el ministro”.

 

Por su parte, la mayoría de los ministros considera que “no hay prevalencia del derecho al acceso a la información pública sobre el derecho a la protección de datos personales, aún en el caso de servidores públicos”.

 

El caso tiene origen en 2011 cuando un particular solicitó ante la Auditoría Superior de la Federación información de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados que integraban el Congreso de la Unión en la legislatura pasada. Luego de negarle los datos y presentar un amparo ante un tribunal, el caso llegó a la SCJN.

 

El asunto será votado en forma definitiva el próximo jueves y lo más probable es que se deseche el proyecto y pase a manos de otro ministro para elaborar otro nuevo que concuerde con el criterio de la mayoría.

 

 

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