La Constitución obliga a todos los mexicanos a contribuir con los gastos del país de nuestro estado y de nuestro municipio, de manera proporcional y equitativa, es decir según los ingresos que recibimos y recibiendo un trato igual, sin privilegios o obligaciones especiales, por lo que no se pueden establecer impuestos o multas fijas.

 

Esto se enseña a todo estudiante de Derecho, pero al parecer algunos legisladores de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal desconocen estos principios, ya que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo 590 del Código Financiero del Distrito Federal que imponía una multa de 303 pesos, sin mínimos ni máximos, a las personas que no atendieran los requerimientos de la Secretaría de Finanzas.

 

Esperemos que algún día las disposiciones legales se hagan con una mejor técnica jurídica.

 

Fuente El Universal  

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