Los jueces Sexto y Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla resolvieron en forma definitiva los amparos promovidos por los maestros en contra de la reforma a los artículos 3 y 73  de la Constitución, conocida como la reforma educativa.

 

Al rendir sus informes, las autoridades responsables invocaron diversas causas de improcedencia del juicio, siendo la principal  que el juicio de amparo no procede contra reformas a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Los jueces consideraron fundada la causa de improcedencia, decretando el sobreseimiento en dos juicios de amparo.

 

En las sentencias los jueces destacan que la jurisprudencia vigente, que es obligatoria, así como la opinión doctrinal de diversos constitucionalistas, señalan que  el juicio de amparo resulta improcedente contra reformas o modificaciones a la Constitución pues el propio texto y contenido de nuestra Carta Magna es el fundamento del Control de Constitucionalidad, de tal manera que si la propia Constitución no prevé que el Poder Judicial de la Federación pueda otorgar el amparo contra preceptos constitucionales, entonces ciertamente el juicio de garantías resulta improcedente, atendiendo al principio de supremacía constitucional.

 

El principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 135 constitucional, prevé que la Constitución sólo puede ser modificada “mediante un complejo procedimiento en el que intervienen el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, actuando como una unidad orgánica competencia”.

 

La sentencia también señala que los maestros no verán afectados sus derechos laborales hasta en tanto no participen en algún concurso de oposición o, en su defecto, sean evaluados de manera obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el citado servicio profesional.

 

Será hasta entonces, cuando podrán acudir al juicio de amparo. Esta sentencia dictada puede ser impugnada mediante un recurso de revisión que podrá ser resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Seguramente el resto de los amparos que se han venido promoviendo seguirán la misma suerte.

 

La Suprema Corte estableció que es procedente revisar el proceso reformador de la Constitución, pero que la vía no es el amparo en contra del acto que reforma el texto de la Carta Magna, aunque en la década de los noventa el criterio era distinto. Seguramente estos asuntos llegarán hasta el pleno de la Suprema Corte y los ministros deberán ratificar o modificar este criterio.

 

Es de destacar que la nueva ley de amparo ya prevé en forma específica que el juicio de amparo no es procedente en contra de las reformas constitucionales.

 

 

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