El 24 de mayo pasado, el cabildo del ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, por unanimidad aprobó regular todo tipo de actividades de personas que pertenezcan a grupos vulnerables que soliciten dádivas o dinero en la vía pública, o realicen cualquier actividad comercial o voluntaria, que ponga en riesgo su propia seguridad o de los demás ciudadanos.

 

En la propuesta se define como grupos vulnerables a limpiaparabrisas, franeleros, vendedores ambulantes, migrantes, malabaristas, indigentes, menores de edad, etcétera.

 

Al presentarse la propuesta ésta se justificó en la supuesta existencia de diversas quejas ciudadanas por “el incremento de hechos delictivos generados principalmente en áreas donde se congrega este sector”.

 

“Estas actividades son infracciones al orden público y serán sancionadas por el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Boca del Río, independientemente de la responsabilidad civil o penal que en su caso proceda”, señalo el síndico único, Jesús Manuel Maza Saavedra.

 

Según Maza Saavedra la propuesta se fundamenta en lo que dispuesto en el artículo 130 fracción IV inciso d) del Bando de Policía y Buen Gobierno (sic) del municipio de Boca del Río, Veracruz. El nombre correcto de este ordenamiento es Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz de Ignacio De La Llave.

 

Se definió que el ayuntamiento dentro de sus facultades, solicitará el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz para que quede a su cargo la vigilancia de este tema y prohíban la presencia de grupos vulnerables en la calle.

 

La disposición que se cita a la letra dice: “Artículo 130.- Son infracciones al orden público y se sancionarán de la siguiente manera, independientemente de la responsabilidad civil o penal que en su caso proceda:

 

IV. Multa de cien a un mil días de salario mínimo

 

d) Inducir, acompañar o enviar a menores de edad o a personas que pertenezcan a grupos vulnerables para que soliciten dádivas o dinero en la vía pública".

 

Como se desprende de la lectura de esta disposición, la decisión no se encuentra debidamente fundamentada, ya que la misma lo que sanciona no es la mendicidad o el pedir dinero o dádivas sino la trata de los grupos vulnerables al ser inducidos acompañados o enviados a pedir limosna, ya que de ello se derivan delitos como la explotación, abuso o trata de personas.

 

Más bien pareciera que lo que se pretende es criminalizar a los grupos vulnerables. Según el Diccionario de la Real Academia Española, criminalizar significa atribuir carácter criminal a alguien o algo.

 

En la doctrina se señala que la criminalización surge cuando se intensifica la función represiva, punitiva y policial del Estado, especialmente en relación con los sectores de marginalidad, en detrimento de las políticas de integración socioeconómica y sociocultural.

 

Una decisión como esta denota la incapacidad de las autoridades para hacer frente a las bandas criminales que cometen estos delitos, por los que optan por perseguir a quienes se considera víctimas de los mismos.

 

En países como Francia se sanciona la mendicidad pero aquella que se considera organizada, es decir aquella que implica explotación, o en el caso de los limpiaparabrisas en que algunos casos prácticamente asaltan a los conductores en los semáforos se considera mendicidad agresiva, pero el delito que se persigue es la coacción.

 

Hasta el momento en la Gaceta Oficial de la entidad no se ha publicado ninguna modificación al Reglamento de Policía y Gobierno del municipio, y tal vez no se publique porque la propuesta ha generado controversia.

 

 

www.miabogadoenlinea.net