El pasado jueves 29 de mayo, por segunda ocasión vez el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE) requirió a la Cámara de Diputados para que culmine el proceso de elección de un Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

Se recordó a los diputados que cualquier ley obliga a cualquier autoridad, aun a los diputados, y que su actuar en contrario implica una violación a las disposiciones legales  ya que el cumplimiento de las mismas no está sujeta a la discreción de los legisladores.

 

Pero este no es el único caso en el que el Congreso de la Unión viola las disposiciones legales, ya que también incurre otras omisiones. Un ejemplo son algunas de las reformas que se han realizado a la Constitución Política en las últimas legislaturas.

 

En la LIX legislatura se aprobó modificar el artículo 73, adicionando una fracción XXIX-H, a efecto de que sean los tribunales de lo contencioso-administrativo establecidos por ley del Congreso de la Unión quienes tengan la atribución de imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa. La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006.

 

Esta reforma implica modificar la legislación que regula las responsabilidades administrativas de los servidores públicos federales, que conlleva modificaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero hasta el momento estas reformas no se han promovido.

 

La LX legislatura aprobó las reformas constitucionales para establecer el nuevo sistema penal acusatorio, que fueron publicadas el 18 de junio de 2008, el cual deberá estar operando en todo el país a más tardar el 19 de junio de 2016. A nivel federal aún están pendientes las modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales para implementar este nuevo sistema.

 

Peor aún, el nuevo sistema de reinserción social debió haber entrado en vigor el 18 de junio de 2011. Apenas el 17 de abril de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones y hasta el momento la Cámara de Senadores no la ha aprobado.

 

También en junio de 2011 se publicó la reforma constitucional en materia de derechos humanos que obligó al Congreso de la Unión a publicar a más tardar el 11 de junio de 2012 una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías. Hasta el momento este ordenamiento no existe.

 

La emisión de éstas y otras disposiciones se encuentra prevista en los artículos transitorios de las distintas reformas constitucionales, que conforme  a los criterios de la Corte, forman parte de la Constitución y son de observancia obligatoria, en términos del artículo 133 de la Carta Magna.

 

Es preocupante que en un estado de derecho, quienes legislan sean los primeros en violar las disposicines legales.

 

 

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