Por segunda vez en lo que va del año las Cámaras del Congreso de la Unión tienen un diferendo respecto al tratamiento de una minuta legislativa. El primero fue por los puntos suspensivos en el párrafo cuarto del artículo 111 referente al fuero del Presidente, que en la técnica legislativa significan que el texto se queda tal como aparece hoy en la Constitución, y que a la fecha aun no resuelven.

 

Ahora el nuevo diferendo es quién debe ser cámara de origen para legislar respecto a la deuda de estados y municipios.

 

La Cámara de Diputados señala que conforme al artículo 72, inciso H, de la Constitución Política, los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados, por lo que le corresponde a esa Cámara ser cámara de origen.

 

Por su parte la Cámara de Senadores sostiene “que cualquier reforma constitucional relacionada con la deuda, los ingresos y el gasto público, puede ser discutida indistintamente por cualquier Cámara de la Unión”.

 

El Senado arriba a esta conclusión destacando que el artículo 72 se encuentra en un apartado que se denomina “De la Iniciativa y Formación de las Leyes” que a su vez pertenece al Capítulo II "Del Poder Legislativo", mientras que el 135 se incluye en un apartado denominado "De las reformas a la Constitución".

 

Asimismo, señala que el artículo 135, que se refiere a las reformas de la constitución  “no …excepciona ningún asunto para ser discutido primeramente en alguna cámara del Congreso en particular”, mientras que el artículo 72 “se circunscribe expresamente a cómo el Poder Legislativo de la Unión procesa las Iniciativas de reformas legales”, “habla claramente de leyes o proyectos de Decretos sobre leyes”.

 

Pero la posición del Senado es equivocada, considerando lo siguiente:

 

1) El artículo 72 constitucional hace referencia a “leyes o decretos”, ya que el artículo 70 prevé que “toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto”. Este texto se adoptó en el artículo 64 de la Constitución de 1857 cuando se reformó el 13 de noviembre de 1874, aunque la distinción existe desde la constitución de 1824. Así pasó a la Constitución de 1917 sin que se especificara en ningún momento en qué consiste la diferencia, por lo que no es dable concluir que el se “circunscribe expresamente” a leyes secundarias como afirma el Senado.

 

2) Aunque no existe ningún sustento jurídico para que el documento que contiene reformas, adiciones o derogaciones se denomine decreto o ley, para la doctrina la ley se refiere a situaciones generales y los decretos a situaciones particulares. Sin embargo, en la práctica el término que ha adoptado generalmente el Congreso de la Unión para sus resoluciones es DECRETO, ya sea que se trate de la modificación a una ley secundaria, de una nueva, de conceder autorización para utilizar una condecoración o inclusive, de las reformas  a la Constitución.

 

3) En 202 ocasiones las modificaciones a la Constitución se han denominado DECRETO, pero en 4 casos se han llamado LEY, y en todos los supuestos se aplicó el proceso legislativo previsto en el artículo 72, por lo que sin duda el término LEY también es aplicable a las reformas constitucionales.

 

4) El único artículo que establece como se discuten las iniciativas de ley o decreto en el Congreso de la Unión es el artículo 72 constitucional, no existe ningún otro artículo en la Ccarta Magna que establezca una previsión de este tipo. Al no existir una excepción expresa en el artículo 135, el criterio generalmente aceptado es que a las reformas constitucionales deben aplicarse las reglas generales previstas en el artículo 72, incluyendo el inciso H que señala que las leyes o decretos relativos a empréstitos deben discutirse primero en la Cámara de Diputados.

 

5) El artículo 135 establece particularidades al proceso legislativo regular que son: una mayoría especial en el Congreso de la Unión y la intervención que se da a las legislaturas locales.

 

Esta ha sido la regla generalmente aceptada desde 1921. Existen algunos doctrinarios que consideran que el artículo 72 no es aplicable a las reformas constitucionales, pero en sus argumentos el Senado no hace referencia a esas posiciones.

 

Al final, todos están interesados en regular la deuda de los estados y municipios, por lo que lo más conveniente sería ajustarse al criterio general a fin de evitar que por un diferendo entre las Cámaras, la reforma pueda ser impugnada ante el Poder Judicial.

 

 

www.miabogadoenlinea.net