En la Cámara de Senadores se aprobó el día de ayer una reforma constitucional para regular la deuda de los estados y municipios que reúne ocho iniciativas que se presentaron  a la consideración de ese órgano legislativo.

 

Sin embargo, especialistas en materia constitucional han expresado que la Cámara de Senadores no cuenta con facultades para legislar en la materia, lo cual coincide con la posición de la Cámara de Diputados, que acordó no recibir la minuta.

 

Para tales efectos se instruyó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que no la reciba ni la turne a comisiones y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que prepare la respuesta correspondiente.

 

El artículo 72, inciso H de la Constitución establece que la formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre el reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

 

En el Diccionario de Derecho Constitucional elaborado por el constitucionalista Elisur Arteaga Nava, para la Colección de Diccionarios Jurídicos Temáticos de editorial Harla, empréstito se define como el “acto por virtud del cual la federación, los estados o los municipios reciben en préstamo dinero de particulares, nacionales o extranjeros o incluso, estados extranjeros, mismos que se comprometen a devolver en determinado plazo, bajo ciertas condiciones, con el pago de un interés”.

 

Adolfo Arrioja Vizcaíno, especialista en derecho fiscal señala que “se llaman empréstitos a los créditos o financiamientos otorgados a un gobierno por un Estado extranjero, por organismos internacionales de crédito, por instituciones privadas de crédito extranjeras o por instituciones nacionales de crédito para la satisfacción de determinadas necesidades presupuestales, que generan para el gobierno receptor la obligación, a un cierto plazo, de restituirlos adicionados con una sobreprima por concepto de intereses y cuyo conjunto, aunado a otras disposiciones crediticias, forma la deuda pública de un país.

 

Sobre esta disposición en particular, el autor Felipe Tena Ramírez, un clásico de la literatura constitucional en nuestro país, comenta que “las contribuciones de dinero y sangre afectan más directamente al pueblo que  a las entidades federativas como tales, de ahí esta disposición”.

 

Las iniciativas del Senado “proponen establecer principios, reglas y controles constitucionales para promover, y en algunos casos, obligar a las entidades federativas a llevar una administración financiera responsable, que impida se contraten obligaciones de pago que generen problemas fiscales para el Estado o el Municipio, y que en caso de que haya abusos, se sancione a los responsables”.

 

Los senadores proponen dar la facultad al Congreso de la Unión de emitir una legislación que detalle los principios y las reglas de responsabilidad hacendaria, así como las bases para la contratación de empréstitos y obligaciones a cargo de las entidades federativas y los municipios.

 

El Congreso de la Unión deberá definir que trato se le da a esta propuesta del Senado. Por cierto, el inciso H del artículo 72 no ha sido reformado desde 1917.

 

 

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