La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que establece el procedimiento para la separación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial por las causas establecidas en la propia Ley, no viola el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal.

 

La Sala expuso que de la interpretación del artículo 47 de la citada ley, se desprende que sí establece el derecho de audiencia, ya que establece que si se cae en un supuesto para la terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial el afectado será llamado y podrá ocurrir en defensa de sus derechos, realizando las manifestaciones correspondientes y ofrecer los medios probatorios que estime pertinentes, y, agotadas las diligencias, el Consejo de Profesionalización emitirá su resolución sobre la queja que motivó este procedimiento.

 

El Consejo de Profesionalización está obligado a poner en conocimiento del servidor público afectado el inicio de un procedimiento en su contra, citarlo para contestar u oponerse a las imputaciones ofrecer pruebas y desahogarlas, otorgándole la posibilidad de defensa apropiada y el conocimiento certero de los motivos que originaron el procedimiento. Desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes se resolverá sobre la queja.

 

Por ende, la norma resulta acorde a la referida garantía de audiencia, que exige la Constitución mediante el establecimiento, por parte del legislador, de normas que otorguen certeza a los gobernados y que, al mismo tiempo, sirven de orientación a la autoridad para arribar a la determinación correspondiente.

 

Seguramente este tipo de precedentes y otros relacionados con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Públcia Federal y las leyes que regulan el servicio civil de carrera en los Estados, serán utilizados para dar forma a la próxima ley del servicio profesional docente.

 

Especialmente porque la fracción III del artículo 3 Constitucional dispone que el ingreso a ese servicio se llevará a cabo mediante concursos de oposición y que la “ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional”.

 

El punto más controvertido en este tema es la permanencia, y en la Corte ya existen tesis que determinan que establecer requisitos de permanencia en una ley no violan el principio de irretroactividad, ya que en tales supuestos no se afectan situaciones anteriores de la persona que desea continuar en el cargo y, por lo mismo, no se le priva de derechos adquiridos conforme a una ley anterior.

 

La Corte estableció que los requisitos de permanencia rige las relaciones presentes hacia el futuro, de tal manera que a partir de la aplicación de las evaluaciones que correspondan, se define si un servidor público puede permanecer en el cargo, y la conclusión de la relación por no cumplir los requisitos de permanencia, necesariamente requiere del agotamiento de un procedimiento administrativo, por lo que no puede decirse que la evaluación para definir la permanencia en el servicio docente sea retroactiva o dañe derechos adquiridos.

 

 

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